El Gobierno aplica la Ley Mordaza a varias personas por concentrarse contra un asesinato machista en Córdoba

El pasado 13 de abril, la barriada de la Fuensanta, en Córdoba, se convirtió en el escenario de una concentración pacífica que reunió a alrededor de un millar de personas con el objetivo de mostrar su repulsa ante el asesinato machista de Tulia, una vecina de 64 años presuntamente asesinada por su expareja. El acto, convocado para acompañar a la familia de la víctima y exigir justicia, ha derivado en una controversia legal y política tras confirmarse la imposición de multas de 601 euros a varios de los asistentes. Estas sanciones administrativas se han aplicado en virtud de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la "Ley Mordaza".

Según han denunciado, las multas se derivan oficialmente de los "gritos de indignación y el acercamiento de algunos manifestantes a un furgón de la Policía Nacional". El vehículo policial, que transportaba al presunto homicida a las dependencias correspondientes, pasó a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración coincidiendo con el transcurso del acto. Los colectivos sociales reconocen que se vivieron momentos de tensión y reacciones de profundo enfado entre la multitud, explicables por el impacto emocional del crimen en el vecindario, pero rechazan de manera tajante que se produjera una obstrucción real al convoy, que es por lo que se ha sancionado a los congregados.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Marianne ha emitido un comunicado en el que califica la actuación de la Policía Nacional de "negligente", argumentando que el diseño del dispositivo generó "una provocación y una tensión totalmente evitable en un momento de extrema sensibilidad, justo cuando la hija de la víctima compartía su dolor con los presentes". Asimismo, la organización sostiene que el furgón policial no vio impedido su paso en ningún momento, sino que se detuvo de forma voluntaria para que los agentes procedieran a identificar a los manifestantes tras los primeros reproches verbales. Ante lo que consideran una aplicación "desproporcionada e injustificada", los colectivos afectados han exigido formalmente la retirada de todas las sanciones económicas y una disculpa pública por parte de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la ciudadanía cordobesa y los familiares de la víctima.