Asuntos Internos acusa a un Guardia Civil de liderar una trama de corrupción sistémica en València
El informe señala desvíos de fondos públicos mediante sobrecostes de hasta el 348% en obras de cuarteles para financiar el patrimonio inmobiliario privado del teniente coronel condecorado.
El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha acusado formalmente al teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T. de diseñar y dirigir una red de corrupción sistémica incrustada en la gestión pública del cuerpo. Según un informe oficializado en el marco de la investigación penal y al que ha tenido acceso elDiario.es, el alto mando se valió de su cargo como jefe de la Unidad de Gestión Económica de la VI Zona de la Guardia Civil, demarcación que centraliza el control presupuestario de las comandancias del País Valencià, para adjudicar de forma discrecional contratos de obras a empresarios afines. El documento detalla que la trama operaba mediante la aplicación de sobrecostes extremos que alcanzaron hasta un 348% en las reformas de acuartelamientos públicos, dinero del erario que posteriormente era presuntamente desviado para la adquisición en metálico y la reconstrucción de tres inmuebles privados del investigado. El militar figura como investigado ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, instancia que coordina la causa desde que la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos iniciaran las pesquisas en el año 2022.
El origen de la investigación se encuentra en las sospechas iniciales de un sargento primero, quien detectó una llamativa divergencia entre los trabajos facturados y el estado real de las obras ejecutadas en las instalaciones. Tras esta alerta, el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de València halló indicios sólidos de corrupción interna y transfirió las diligencias a Asuntos Internos para continuar el caso junto a la Fiscalía. Los investigadores judiciales sostienen la existencia de indicios sólidos que imputan indiciariamente al teniente coronel los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, de forma eventual, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
El perfil del principal investigado presenta una 'paradoja' notable, ya que es doctor en Derecho, habiéndose doctorado precisamente con una tesis sobre las sanciones privativas de libertad en la Administración militar, con un enfoque especial en el ámbito de la Guardia Civil. Además, en su historial de honores destaca que en 2013, cuando ostentaba el rango de comandante, fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Según el informe de Asuntos Internos, el mando militar habría identificado y explotado un vector crítico de vulnerabilidad institucional en la contratación pública, viendo una ventana de oportunidad en el ecosistema de gestión centralizado de los adelantos de caja fija que estaban bajo su estricto control. De este modo, habría maximizado la "promiscuidad" en las funciones administrativas y creado redes de confianza que, torticeramente usadas, permitieron el encubrimiento de irregularidades a través de un control absoluto sobre los anticipos y la validación final de las facturas.
La red de empresas beneficiadas y volumen de contratos
A través de este entramado jerárquico, el mando militar favoreció de forma directa a una red de mercantiles contratistas, destacando el papel del empresario Carlos G. M., cuyas firmas comerciales vinculadas, Destino Empresarial SL y Works Pretor SL, recibieron adjudicaciones públicas por un importe acumulado de 952.664,89 euros desde el año 2008. El análisis de los activos financieros determinó que el 82% de los ingresos totales de las empresas de este contratista provenían exclusivamente de los fondos gestionados de forma directa por el propio teniente coronel. Además, Asuntos Internos descubrió las debilidades estructurales de la trama al constatar que Destino Empresarial SL, utilizada como vehículo principal de los manejos del militar, declaraba apenas un empleado en sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil, a pesar del enorme volumen de contratos públicos que recibía.
La fiscalización de los contratos ha puesto de relieve una estrecha alianza de carácter personal y profesional entre los implicados. Un albañil subcontratado por el entramado, identificado como Rares L., confesó ante los instructores que el empresario Carlos G. M. y el jefe de la Unidad de Gestión Económica mantenían una relación de amistad de más de tres décadas e incluso planificaban constituir una sociedad mercantil conjunta tras la jubilación del Policía. Las indagaciones corroboraron este vínculo al acreditar, entre otros, que ambos se alojaron junto a sus respectivas parejas en un hotel de cuatro estrellas del Mar Menor, en Murcia, durante el año 2018. Las declaraciones del subcontratista y los mensajes de WhatsApp intervenidos demostraron que las obras en los cuarteles se encomendaban directamente mediante el fraccionamiento sistemático de facturas y la inclusión de trabajos nunca realizados. Posteriormente, el empresario extraía el excedente económico en metálico y se lo entregaba en mano al militar, eludiendo el rastro bancario para financiar reformas particulares que eran camufladas documentalmente como gastos de la Guardia Civil.
Respecto al fraude inmobiliario detectado en Setaigües, el auxilio judicial prestado por la Agencia Valenciana Antifraude a la Fiscalía Anticorrupción ha permitido cuantificar un desvío pericial inicial de 144.730 euros destinado de forma específica a la compra y rehabilitación integral de tres propiedades inmobiliarias ubicadas en este municipio valenciano para su posterior venta con fines especulativos. En la primera operación, realizada en el año 2020, el teniente coronel adquirió en mano por 15.000 euros una vivienda en ruinas de 1900 sin movimientos bancarios que lo justifiquen. La reconstrucción fue asumida por la constructora Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicataria de 19 contratos de la Guardia Civil, que declaró un coste de reforma de apenas 15.919 euros frente al valor real de 104.505,35 euros determinado por la tasación pericial. Además, cinco de los proveedores que la equiparon no cobraron factura al oficial, pero figuraban como beneficiarios de 102 contratos públicos de la Guardia Civil. Al año siguiente, en 2021, el mando militar adquirió un segundo inmueble deteriorado de 1910 por 12.000 euros, desembolsando una parte en efectivo. Tras una reconstrucción total valorada pericialmente en 67.428 euros, ejecutada por proveedores que acumulaban 66 contratos públicos vigentes, la vivienda fue puesta a la venta en internet por 115.000 euros. Ese mismo año, el investigado y su esposa, compraron un corral industrial de 1898 por 3.000 euros abonados íntegramente en metálico. Las mejoras se encargaron al contratista Gustavo William R. R. por un importe oficial de 2.500 euros, muy inferior al coste real, y en el posterior registro de este domicilio la Guardia Civil localizó múltiples enseres cuyas facturas originales habían sido pagadas con cargo al presupuesto general del erario público.
Sobrecostes y desmanes en los acuartelamientos oficiales
Los fondos necesarios para sostener este enriquecimiento patrimonial ilícito fueron detraídos de forma continuada de las partidas presupuestarias reservadas para el mantenimiento de las instalaciones oficiales de la GC. El informe técnico de la Agencia Valenciana Antifraude destapó desmanes alarmantes en varios acuartelamientos, comenzando por el cuartel de Benimaclet, sede central de la VI Zona en València, donde se localizaron sobrecostes calificados de extremos que alcanzaron el 348% sobre el valor real de mercado. Una situación análoga se detectó en las viviendas logísticas del edificio de Fuente de San Luis, también en la capital valenciana, donde se constató un desajuste del 72% mediante la facturación de actuaciones en el subsuelo imposibles de verificar y la inclusión formal de puertas inexistentes. Finalmente, en la residencia de descanso de Almardá de Sagunt, la inspección pericial afloró un sobrecoste del 122% que incluía conceptos fraudulentos como el cobro de tareas de desbroce sobre un arbolado que no existía en las parcelas, confirmando un entorno de total impunidad propiciado por el teniente coronel mediante el cómputo de horas de trabajo ficticias y la duplicación sistemática de conceptos.
Las ramificaciones de la causa penal han dejado al descubierto otros delitos graves de los colaboradores de la red. Durante la diligencia de registro efectuada en la vivienda de uno de los empresarios imputados en la trama, los investigadores de la Guardia Civil hallaron un arsenal clandestino compuesto por una pistola marca Star del calibre nueve milímetros largo y una semiautomática Smith & Wesson de nueve milímetros Parabellum, así como abundante munición, todo ello sin poseer ninguna licencia. Ante la solidez de las pruebas del hallazgo, el contratista alcanzó un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal, asumiendo los hechos delictivos a cambio de una rebaja en la petición de la condena, y aceptó formalmente una pena de seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.
