Desarticulan en València una red de explotación sexual de mujeres trans
Nueve víctimas han sido liberadas; las obligaban a mantener relaciones bajo el efecto de drogas y las multaban arbitrariamente para mantenerlas en un estado de vulnerabilidad extrema.
Desarticulada en València una organización criminal dedicada a la prostitución forzosa de mujeres trans, en un operativo que ha concluido a finales del pasado mes de mayo con la liberación de nueve personas y la detención de cinco integrantes de la red. Según fuentes de la investigación, los arrestados, cuatro mujeres y un hombre con edades comprendidas entre los 27 y los 54 años, mantenían a las víctimas retenidas en contra de su voluntad y las sometían a condiciones de extrema vulnerabilidad. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y tráfico de drogas, en una causa judicial que continúa abierta y en la que las autoridades encargadas del caso no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.
El origen de las indagaciones se remonta a finales del año pasado, a raíz de un control policial realizado en la vía pública de la capital valenciana. Durante dicha intervención, se identificó a un varón que portaba múltiples teléfonos móviles y libretas manuscritas con anotaciones pormenorizadas sobre “servicios sexuales”, lo que levantó de inmediato las sospechas. A partir de ese momento, se logró desarticular un entramado delictivo que operaba con un sistema de gestión perfectamente jerarquizado. La red contaba con líderes dedicados a la dirección general de la actividad y otros miembros encargados del control presencial de los inmuebles, la recaudación económica y la gestión de la publicidad en portales de internet de contenido erótico.
La investigación patrimonial permitió detectar un circuito económico plenamente organizado. La trama utilizaba una operativa financiera diseñada expresamente para entorpecer el rastreo policial del dinero, empleando cuentas bancarias abiertas a nombre de terceras personas para diversificar y distribuir los beneficios obtenidos. Los flujos monetarios combinaban ingresos constantes en efectivo, transferencias bancarias y gastos fijos asociados a la promoción de anuncios sexuales en la web. Este control financiero se replicaba de forma interna sobre las propias víctimas, quienes sufrían una severa restricción de sus movimientos y la imposición arbitraria de multas económicas como mecanismo de sumisión psicológica y su situación de dependencia.
En el interior del inmueble, los agentes constataron que las nueve víctimas eran obligadas a ser violadas, encontrándose en ocasiones bajo los efectos de sustancias estupefacientes que la propia red les suministraba. Las indagaciones posteriores confirmaron que la organización obtenía una vía de ingresos adicional mediante la venta directa a los clientes de estas drogas, así como de popper y fármacos destinados a tratar la disfunción eréctil.
