Comienzan los desahucios de sesenta familias vulnerables en pisos públicos en la Mina

Las ejecuciones judiciales de los desahucios que afectan a cerca de sesenta familias residentes en viviendas de promoción pública en el barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, han comenzado esta semana rodeadas de una fuerte controversia social. El Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs ha denunciado públicamente que la mayoría de los afectados carecen de una alternativa residencial viable y tienen menores de edad a su cargo, atribuyendo la gravedad de la situación a la “negligencia y a la inacción de las administraciones públicas competentes”. Hasta el momento, las autoridades judiciales han ejecutado tres desahucios que han dejado en la calle a siete menores, entre ellos la familia de David Vázquez, un vecino que residía en el número 58 de la Rambla de la Mina desde el año 2017. Este desalojo inicial forma parte de un calendario judicial más amplio que ya suma 39 notificaciones; las próximas intervenciones están fijadas para los días 22 y 25 de junio, con cuatro desahucios programados para cada jornada en el mismo edificio, y se extenderán hasta principios de julio con cinco lanzamientos adicionales previstos en la misma Rambla y en un bloque de la calle Ernest Lluch.

El despliegue policial para llevar a cabo las primeras órdenes judiciales se inició a primera hora de la mañana de este jueves, cuando cinco furgonetas de la sección ARRO de los Mossos d'Esquadra acordonaron la zona y procedieron a retirar mediante el uso de vallas al vecindario concentrado en el portal, donde se encontraban familias con niños en cochecitos. Según testigos vecinales, los policías intervinieron empujando a los manifestantes sin mediación previa para abrir paso a la comitiva judicial, la cual accedió al inmueble protegida por los efectivos mientras operarios de una empresa privada descargaban material destinado a cambiar las cerraduras y tapiar los accesos de las viviendas. Los residentes del barrio criticaron abiertamente la total ausencia de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs durante el operativo. Tanto las familias damnificadas como el propio sindicato han insistido en la necesidad urgente de constituir una mesa de negociación para frenar de manera ordenada las órdenes de lanzamiento, las cuales siguen adelante después de que los juzgados rechazaran los recursos legales presentados para detenerlas.

Para comprender el origen de la ocupación de estos inmuebles, el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs y los propios residentes señalan que es necesario analizar la gestión de la vivienda pública en la zona durante las últimas dos décadas. Las viviendas en cuestión, propiedad del Consorci del Barri de la Mina, fueron construidas originalmente para realojar a los vecinos afectados por el proyecto de derribo del deteriorado bloque Venus. No obstante, la mayoría de los traslados no se hicieron efectivos debido a que las familias de origen no podían asumir el pago de los 48.000 euros que el Consorci les reclamaba para compensar la diferencia de valor de tasación de los pisos. Esto provocó que los bloques permanecieran vacíos durante casi siete años, periodo en el cual estalló una trama de desvío de fondos públicos que salpicó directamente a la administración local; el entonces concejal del barrio delegó la custodia de los edificios públicos a empresas de seguridad irregulares controladas por clanes locales, una situación que indignó a los vecinos y empujó a numerosas familias en situación de vulnerabilidad económica a ocupar los pisos vacíos en 2017.