Desarticulada en Caspe una red que explotaba ilegalmente a un centenar de jornaleros rumanos

En el municipio zaragozano de Caspe una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector agrícola ha sido desarticulada. La operación, que se ha saldado con la detención de cuatro miembros de la red y la liberación de siete trabajadores de nacionalidad rumana, se inició a raíz de una solicitud de colaboración internacional remitida por Bucarest. Los canales de cooperación se activaron después de que dos ciudadanos de ese país, que se encontraban empleados en una explotación agrícola de la localidad aragonesa, lograran comunicar a sus familiares en su país de origen que estaban retenidos contra su voluntad, lo que propició el despliegue de un primer operativo de localización y rescate.

A raíz de las pesquisas iniciales y ante la sospecha de que la infraestructura de explotación pudiera albergar a más afectados, se desplegó un amplio dispositivo técnico y humano en la propia finca agrícola donde se habían detectado las primeras irregularidades. Durante la inspección del terreno, los investigadores identificaron a un total de 91 trabajadores rumanos que residían en condiciones de extrema precariedad dentro de casetas y contenedores prefabricados. El informe policial detalla que los empleados eran hacinados en módulos con capacidad para diez personas y que, en contra de la promesa inicial de alojamiento gratuito, la organización les descontaba obligatoriamente dos euros diarios por el uso de servicios básicos indispensables como el acceso a la cocina, agua potable y agua caliente.

El modus operandi de la red criminal se basaba en la captación masiva de mano de obra mediante ofertas laborales engañosas publicadas en internet. Las víctimas interesadas en el empleo firmaban un precontrato del cual la organización solo les permitía visualizar la primera página, mientras que el resto de las cláusulas y regulaciones les eran comunicadas de forma verbal y falsa. Una vez aceptado el puesto, los jornaleros eran trasladados desde diversos puntos de Rumanía hasta el Estado español en trayectos en autobús que se prolongaban durante tres días. Aunque los captadores aseguraban que el coste del viaje corría a cargo de la empresa, una vez que los trabajadores llegaban a Caspe eran obligados a realizar las dos primeras jornadas laborales completas sin percibir ningún tipo de remuneración económica con el objetivo de “sufragar los gastos del desplazamiento”.

Los testimonios recogidos por los instructores del caso revelan que la organización había prometido formalmente a los afectados un salario de 9,50 euros por hora trabajada. Sin embargo, la realidad laboral impuesta distaba notablemente de lo pactado, obligándoles a completar jornadas extenuantes que alcanzaban las diez horas diarias de lunes a sábado. A los cuatro individuos arrestados en las inmediaciones de la explotación agrícola se les imputa un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, mientras que sel mantiene la investigación abierta para determinar el alcance total de la red y la posible implicación de más colaboradores en la zona.