Más de 350.000 ciudadanos haitianos residentes en Estados Unidos perdieron este lunes la cobertura legal que les otorgaba el Estatus de Protección Temporal (TPS), escenario que permite a la Administración presidida por Donald Trump iniciar la preparación de operativos de deportación masiva. La expiración definitiva de la protección se concreta después de que un tribunal federal de apelaciones pospusiera hasta este lunes el fin formal del programa, dando cumplimiento a la resolución dictada por la Corte Suprema el pasado 25 de junio, en la cual se facultó al Gobierno federal para revocar la medida de amparo.

De acuerdo con reportes emitidos por medios como The New York Times y declaraciones de integrantes del Congreso estadounidense, las primeras acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrán como objetivo el estado de Ohio, donde durante la campaña presidencial de 2024 Trump promovió desinformaciones y bulos sobre la comunidad haitiana. Diversos legisladores del Partido Republicano han manifestado su respaldo a las informaciones periodísticas sobre las redadas planificadas por el DHS. En declaraciones concedidas este lunes a la cadena de televisión Fox News, el congresista federal por Ohio, Michael Rulli, afirmó que “lo que va a pasar en Ohio es que van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio” y añadió que la meta es “saquemos a todos de aquí y empecemos desde el principio”.

A pesar de que las intervenciones iniciales se focalizan en Ohio, donde habitan aproximadamente 14.000 haitianos beneficiarios del TPS, el mayor grado de preocupación se sitúa en el estado de Florida. Según las métricas divulgadas por la organización civil FWD.us, en dicho estado reside casi la mitad de la población afectada por la medida, alcanzando un total estimado de 158.000 personas. En el plano social, la misma organización alertó de que la ejecución de las deportaciones significará que unos 50.000 menores de edad que ostentan la ciudadanía estadounidense queden privados de al menos uno de sus progenitores.

Por su parte, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional justificaron la cancelación del estatus al sostener que “la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente”, concedida en 2010 tras el devastador terremoto que asoló al país caribeño. Esta posición contrasta con los datos expuestos por organizaciones que remarcan la persistencia de una severa crisis social y de seguridad en la isla, marcada por un registro de casi 6.000 homicidios durante el año 2025 y la falta de un mandatario electo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021.