El Gobierno cesa a 300 funcionarios interinos del PRTR con solo una semana de preaviso
La Abogacía del Estado justifica el cese por “el fin del plan europeo”, pese a que los afectados realizaban tareas rutinarias. La comunicación, por canales de Telegram, ha dejado a los trabajadores sin margen de reacción.
El pasado 20 de agosto, la Abogacía General del Estado, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno español, emitió un informe sobre el personal funcionario interino que presta servicios en programas vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instruyendo el cese de los nombramientos adscritos a los mismos con fecha del 31 de agosto. La decisión, tomada por Función Pública y fundamentada en ese informe, no fue comunicada hasta el lunes 24 de agosto, dando apenas una semana de margen a estos trabajadores para finalizar sus tareas. Alrededor de 300 personas se verán afectadas por esta medida, más de 100 de ellas únicamente en el SEPE. La decisión, que ha pillado a los afectados en pleno periodo vacacional, ha generado una oleada de indignación entre los colectivos implicados.
El problema se agrava por la comunicación deficiente: muchos ministerios y organismos ni siquiera han comunicado oficialmente a sus empleados el cese, que se ha conocido a través de grupos de Telegram y otros canales informales. A falta de un día laborable para que se cumpla el plazo del 31 de agosto, el aviso podría llegar en cualquier momento, con efecto casi inmediato y sin ningún tipo de preaviso. Hay incluso personas de baja por maternidad que se están enterando ahora de su cese. Esta situación impide ejercer con normalidad derechos como el disfrute de las vacaciones o de los días de asuntos propios restantes, y deja a los trabajadores sin posibilidad de reacción alguna.
El argumento de la Abogacía General del Estado, citado textualmente en el informe, sostiene que “alcanzada la fecha límite para el cumplimiento de sus hitos y objetivos, finaliza la causa extraordinaria que justificó los programas temporales, sin que las posteriores actuaciones de liquidación, justificación, seguimiento o control permitan, por sí solas, mantener los nombramientos”. Sin embargo, los sindicatos denuncian que muchos de los interinos contratados bajo este programa no realizan funciones relacionadas con el manejo de los fondos europeos, sino que cubren carencias estructurales de la Administración y realizan tareas rutinarias que a partir de ahora sufrirán de escasez de personal. Todos estos funcionarios tomaron posesión con una fecha de cese fijada en julio y noviembre de 2027, que ven ahora abruptamente recortada sin posibilidad de negociación ni lucha sindical alguna.
Incluso los sindicatos próximos al Gobierno, UGT Servicios Públicos y CCOO, han denunciado la decisión y han advertido de que el cese masivo de estos interinos afectará gravemente la prestación de servicios públicos. UGT ha señalado que la medida “no es una cuestión técnica, sino política”, y ha pedido al Gobierno que reconsidere la decisión y garantice la continuidad de estos trabajadores. CCOO, por su parte, ha recordado que muchos de estos interinos llevan años desempeñando sus funciones y que su cese no solo es injusto, sino que agrava la precariedad del empleo público y la temporalidad en la Administración. La decisión, que se produce en un contexto de recortes presupuestarios y de finalización del ciclo del PRTR, deja en evidencia la fragilidad del empleo en el sector público español y la falta de planificación del personal en la Administración.
