Las administraciones vascas han destinado más de 335.000 euros en softwares israelíes

Un análisis pormenorizado publicado por el medio El Salto, y realizado mediante herramientas de programación de los 230.273 contratos publicados en KontratazioA, la plataforma única de contratación pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, revela que las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca han destinado un mínimo de 335.533 euros a servicios y suministros tecnológicos de origen israelí desde el 7 de octubre de 2023. La investigación detalla la existencia de trece contratos públicos adjudicados de forma directa o indirecta por parte del Gobierno Vasco, la Sociedad Foral Guipuzcoana de Servicios Informáticos (IZFE), la sociedad pública de telecomunicaciones ITELAZPI, el ente de radiotelevisión EITB, el instituto de investigación agraria NEIKER y los ayuntamientos de Bilbo y Getxo. El grueso de este gasto institucional se articuló a través de empresas integradoras de tecnología afincadas en el Estado español, entre las que destacan Thales S21Sec, Beclever y TRC BAT, encargadas de la renovación de licencias, soporte técnico y hardware de las multinacionales Check Point y CyberArk, referentes en el sector global de la seguridad digital.

Dentro del conjunto de adjudicaciones analizadas, el único contrato directo formalizado con una empresa con razón social en el país de origen se registró en febrero de 2024, cuando el instituto NEIKER, dependiente del Ejecutivo autonómico, suscribió un contrato menor de 18.029 euros con la firma S.R.M T.E.S Investments Ltd para la adquisición de tecnología de cultivo bajo cubierta denominada Israeli indoor tech. Las doce operaciones restantes, valoradas de forma conjunta en 317.504 euros, corresponden a servicios informáticos para infraestructuras críticas. En el desglose institucional destaca IZFE con dos contratos que suman 152.583 euros, incluyendo una renovación de sistemas en diciembre de 2024 mediante Thales S21Sec. Por su parte, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, del que depende la Ertzaintza, encadenó dos renovaciones sucesivas para la gestión de cuentas de servidores en marzo de 2025 y marzo de 2026 a través de la firma TRC BAT, por un importe de 35.171 euros. A este gasto se suman las cuatro renovaciones tramitadas por el Ayuntamiento de Getxo entre marzo y julio de 2025 por un valor de 36.186 euros, el soporte contratado por EITB en noviembre de 2023 por 30.225 euros y la adjudicación de 48.398 euros realizada en marzo de 2026 por BILBAOTIK, la sociedad informática municipal de Bilbo, para el mantenimiento de sus sistemas de protección de redes.

La continuidad de estas relaciones contractuales comerciales contrasta con las declaraciones institucionales del Parlamento Vasco en favor de "la paz en Oriente Próximo" y coincide con las campañas internacionales de presión del movimiento BDS, que clasifica a Check Point y CyberArk como objetivos prioritarios de desinversión debido a su vinculación originaria con el estamento militar genocida. Ambas firmas tecnológicas, con sedes en Tel Aviv y Petah Tikva, fueron fundadas por antiguos oficiales de la Unidad 8200, la división de inteligencia de señales de las fuerzas de ocupación que es responsable de los programas de vigilancia masiva en Palestina y del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la selección de objetivos militares durante el genocidio en Gaza. Aunque estas dos compañías operan comercialmente de forma independiente en el mercado civil, analistas del sector señalan la estrecha permeabilidad del ecosistema tecnológico y militar del país, una realidad que se hizo explícita cuando el consejero delegado de CyberArk, Matt Cohen, confirmó en octubre de 2023 la movilización de parte de su plantilla como reservistas de las fuerzas armadas.

EH Bildu pide más recursos para la Ertzaintza

Coincidiendo con el debate sobre el origen de los proveedores informáticos en la administración, EH Bildu alcanzó el pasado 7 de mayo un acuerdo parlamentario inédito con el PNV y el PSE para instar al Gobierno Vasco a asignar más recursos al departamento de "ciberseguridad" de la Ertzaintza.

El texto aprobado en sede parlamentaria estipula que el Departamento de Seguridad debe ampliar las plazas de personal especializado asignadas a la "lucha contra el cibercrimen" dentro del Plan de Empleo de la policía autonómica, reforzando una unidad que en la actualidad cuenta con 26 agentes y un enlace técnico, dotación considerada del todo insuficiente por EH Bildu. La resolución demandaba también la "actualización integral de los recursos de software y hardware policial", exigiendo de forma paralela que la formación específica en 'ciberdelincuencia' adquiera "una relevancia troncal dentro de los planes de estudio impartidos en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute". El parlamentario de EH Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, defendió el pacto argumentando la "necesidad de un cambio de paradigma que garantice el derecho de la ciudadanía a una seguridad integral".