La Policía ejecuta violentamente el desahucio de Maricarmen
Los antidisturbios fuerzan la puerta de la anciana de 87 años con un ariete, expulsan a la prensa y cargan contra los 400 manifestantes; la empresa Urbagestión ha rechazado negociar y el Sindicato de Inquilinas señala al PSOE: “Os habéis puesto del lado de los fondos buitre”.
Maricarmen, de 87 años, ha sido desahuciada este mediodía del piso en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro, donde vivía desde los 17 años. La comitiva judicial y un despliegue policial de casi 15 furgones y decenas de efectivos han ejecutado el cuarto y definitivo lanzamiento tras más de cinco horas de intensa resistencia del movimiento de vivienda. La anciana, que se desplaza en silla de ruedas y tiene reconocida una discapacidad del 50%, ha tenido que ser evacuada en camilla y trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón por el Samur. El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que le ha ofrecido “una plaza de emergencia en una residencia”.
La gran protagonista del desahucio ha sido la violencia policial. Según han mostrado el Sindicato de Inquilinas y varios asistentes, los antidisturbios han cargado contra las personas concentradas desde primera hora, han rociado con gas a quienes resistían pacíficamente en el portal y la escalera, y han golpeado con fuerza tanto a activistas como a periodistas. La Policía ha impedido el acceso de los medios de comunicación más allá del cordón, y para entrar en el edificio ha tenido que forzar la puerta con un ariete y retirar los enseres acumulados en el acceso. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha denunciado que “se está ejecutando de forma violenta un desahucio sin alternativa ocupacional de una mujer que nunca se ha negado a pagar su renta”.
El propietario, Urbagestión Desarrollo e Inversión (Urbagesa), ha rechazado todas las salidas planteadas, según ha explicado Duro a los medios. De hecho, la empresa se ha negado en todo momento a renegociar el contrato, a aceptar el pago íntegro del alquiler por parte de una escritora anónima que se había ofrecido a cubrir la diferencia hasta los 2.650 euros mensuales, a dar una prórroga de 15 días o un mes para una “salida digna” y a permitir que Maricarmen sacara sus cosas con tiempo. “Le han dicho que coja lo esencial y que el resto se lo enviarán donde ella diga”, ha relatado la abogada. El caso se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó un contrato de renta antigua. En 2018, la propiedad pasó a Urbagesa, que le subió el alquiler de 500 a 2.650 euros mensuales, un 275% más, cuando su pensión es de poco más de 1.400 euros. El Tribunal Supremo falló a favor del fondo inversionista.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha acusado directamente al Gobierno central y al de la Comunidad de Madrid. “El Gobierno podría haber parado este desahucio. Pregunten a Pedro Sánchez y a Isabel Rodríguez por qué no llevan el decreto de vivienda que tienen sobre la mesa al Consejo de Ministros. Usan a Maricarmen como arma arrojadiza”, ha declarado. En redes sociales, el Sindicato ha sido más contundente con el delegado de Gobierno Fran Martín Aguirre: “Tú y el PSOE sois responsables y lo sabes. Habéis usado una violencia desproporcionada para dejar en la calle a una señora de 87 años. Podíais haber parado el desahucio con el Real Decreto de Vivienda y os habéis puesto del lado de los Fondos buitre”.
La concentración, convocada desde la tarde del martes, ha reunido a centenares de personas durante toda la noche, con lemas como “Maricarmen no se va” y “fuera fondos buitre de nuestros barrios”, y ha contado con la presencia de figuras públicas. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una manifestación para esta tarde frente al ático comprado por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
