Una cuarta parte de los relatores de la ONU cobra dinero de los Gobiernos a los que debe investigar
Al menos 13 de los 59 expertos “independientes” de la ONU reciben millones de Estados y entidades privadas, mientras mantienen inmunidad diplomática y no están sujetos a auditorías obligatorias.
En estos momentos se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El organismo multilateral atraviesa una etapa de profunda crisis y cuestionamiento, acorralado por la parálisis política, el impago de cuotas de las grandes potencias y el bloqueo deliberado de sus decisiones clave. En este contexto de pérdida de legitimidad, cobra especial relevancia un informe publicado hace pocos meses que expone el entramado de intereses financieros en el corazón de su estructura internacional. El documento, titulado From Watchdogs to Ideologues: How Politicized UN Rapporteurs Are Subverting Human Rights, fue publicado el pasado 26 de mayo por la organización UN Watch —una entidad criticada por su marcada orientación política prooccidental y proisraelí—, y buscaba deslegitimar las denuncias contra las medidas coercitivas impuestas por EEUU y sus aliados, señalando a algunos relatores por su presunto “sesgo favorable a Rusia y China”. Sin embargo, las 104 páginas de la investigación terminan desvelando accidentalmente y de forma explícita los mecanismos institucionales generales que permiten a diversos gobiernos financiar directamente a las oficinas de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El principal hallazgo que pone de manifiesto es que al menos 13 de los 59 relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos —más del 20 % del cuerpo de expertos— perciben transferencias financieras directas de los mismos Gobiernos y fundaciones privadas que tienen el mandato de investigar. La estructura de la ONU no asigna un salario directo del presupuesto ordinario a estos analistas, lo que abre la puerta a que financien sus investigaciones y desplazamientos con “contribuciones voluntarias” destinadas a fines específicos. Estos profesionales conservan inmunidad diplomática y no están sometidos a auditorías obligatorias ni a mecanismos efectivos de destitución, mientras sus informes se citan ante tribunales e instituciones en todo el mundo.
La investigación de UN Watch detalla los pagos directos percibidos por los integrantes de la estructura de procedimientos especiales por parte de administraciones estatales europeas, asiáticas y de Oriente Medio, así como de fondos corporativos e institucionales. La relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, por ejemplo, llegó a ingresar 1,3 millones de dólares procedentes de China (casi 980.000 dólares), Rusia (265.000 dólares) y Qatar (50.000 dólares). Por su parte, la relatora especial sobre la libertad de expresión, Irene Khan, percibió casi 800.000 dólares de la entidad privada estadounidense Wellspring Philanthropic Fund a lo largo de un periodo de cinco años, además de 200.000 dólares de fondos estatales de ayuda de Suecia, 150.000 dólares de Suiza y 23.000 dólares de Austria. Asimismo, el relator especial sobre derechos humanos y “lucha contra el terrorismo”, Ben Saul, cobró 150.000 dólares del Gobierno chino; el experto “independiente” George Katrougalos recibió 100.000 dólares de Pekín en 2025; y la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, ingresó 70.000 dólares de Arabia Saudí en 2024 y 100.000 dólares del Consejo de Cooperación del Golfo en 2025. El informe consigna además aportaciones continuadas de entidades conocidas como la Open Society Foundations, Ford Foundation —con más de 6 millones de dólares en registros históricos dirigidos al sistema de Procedimientos Especiales— y de Gobiernos como los de Alemania, Noruega, Países Bajos y Reino Unido, que figuran como financiadores voluntarios de estas estructuras. UN Watch señala que estas aportaciones con fines específicos comprometen la independencia de las investigaciones y condicionan la selección de las materias analizadas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en una entrevista concedida al Financial Times que “muchos” de estos relatores están “totalmente fuera de control” desde la perspectiva del Secretariado. Ante la ausencia de un procedimiento interno para destituir a los relatores o auditar sus partidas financieras, el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, afirmó: “Si un juez recibiera 1,3 millones de dólares de una de las partes, sería inmediatamente descalificado. [...] Los relatores de la ONU operan sin restricciones éticas ni consecuencias, con inmunidad diplomática y total impunidad”. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) sostiene por su parte que estos profesionales ejercen el cargo “a título personal”, “pro bono” (para el bien público) y bajo un régimen de divulgación voluntaria de sus fondos.
El dossier se vuelve especialmente significativo a la luz del diagnóstico expuesto por el propio Secretariado a través de la iniciativa de revisión de mandatos ONU80, que expuso la irrelevancia práctica y el gasto ineficaz de la maquinaria burocrática del organismo. En 2024, la Secretaría de la ONU elaboró 1.100 informes con un coste directo en servicios de documentación superior a los 360 millones de dólares —más del 10 % del presupuesto ordinario de la ONU—, a pesar de que casi el 65 % de estos documentos se descarga menos de 2.000 veces y un 20% no alcanza las 1.000 descargas. Esta sobreproducción de documentos y la acumulación de más de 40.000 mandatos activos se combina con la inoperancia del Consejo de Seguridad, que en 2025 aprobó solo 44 resoluciones —la cifra más baja desde 1991—, mientras los estados implicados ignoran sistemáticamente sus decisiones en escenarios como Sudán, Palestina, Myanmar, Ucrania o Cuba.
Además, a esta ineficacia práctica de las resoluciones se le suma una parálisis operativa formal en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los Estados miembros han ejercido 326 vetos desde 1946. Durante 2024 el Consejo registró 8 vetos, mientras que en 2025 aprobó 44 resoluciones, la cifra más baja desde 1991, y todo ello en un contexto en el que el Gobierno de Estados Unidos, su principal financiador hasta ahora, acumula una deuda superior a 1.300 millones de dólares con el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
