El Gobierno negocia a contrarreloj el decreto de vivienda para contener el estallido social
El Ejecutivo prevé aprobar el martes un paquete con regalos fiscales a rentistas, regulación del alquiler de temporada y subida del IVA a los pisos turísticos. Figuras del Gobierno admiten que “aún está lejos un Decreto Maricarmen”.
El Gobierno de coalición progresista ultima un real decreto ley de vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros, en medio de la creciente presión social desatada por el desahucio de Maricarmen y de la acampada que desde el sábado ocupa la Puerta del Sol. Según ha avanzado la Cadena SER y confirman fuentes del Ejecutivo, el paquete incluye “bonificaciones fiscales para inquilinos y para caseros que bajen el precio del alquiler”, la regulación del alquiler de temporada, la subida del IVA a los pisos turísticos, una rebaja del IVA para la vivienda protegida permanente, “reforzar el parque estatal” y ayudas a la compra de la primera vivienda. El objetivo declarado es “compensar la locura del mercado del alquiler” y evitar que el texto decaiga en el Congreso, donde necesita el voto de fuerzas Podemos, ERC y Sumar, por un lado, y el PNV y Junts, por el otro.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido abiertamente que el Gobierno “aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente” y ha advertido de que “ya no valen ni medias tintas ni parches”. En un mensaje en X, ha respaldado las reivindicaciones de la acampada —prohibir los desahucios de personas vulnerables, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre y la prórroga de alquileres con renovación automática— y las ha calificado como “el punto de partida irrenunciable”. “O se está con la especulación o se está con las familias”, ha zanjado.
Los sindicatos de inquilinas y el movimiento de vivienda, que sostienen la acampada en Sol, consideran que el decreto que se negocia puede quedarse en un mero mecanismo de contención que no toca las bases de la acumulación del negocio inmobiliario. Las bonificaciones fiscales a los rentistas que bajen el precio del alquiler, señalan, son una transferencia indirecta de renta pública hacia los propietarios, y las ayudas a la compra no resuelven el problema de fondo: la vivienda como activo financiero en manos de fondos y grandes tenedores que siguen subiendo los precios. La Cadena SER describe un país en el que las grandes inmobiliarias exhiben “rentabilidades escandalosas” mientras los escaparates ofrecen pisos “normalitos” a medio millón de euros y habitaciones a 600-700 euros, y en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “le pone una alfombra roja a BlackRock” y le dice que Madrid es el paraíso de la inversión. El decreto, en este contexto, se perfila como un intento de amortiguar el conflicto social que emerge desde la Puerta del Sol sin tocar la acumulación por desposesión del sector inmobiliario.
