Cuatro veces más inquilinos que caseros, pero uno de cada cinco diputados es rentista

Los propietarios que declaran ingresos por arrendamiento de vivienda habitual en el Estado español son unos 2,2 millones de personas, equivalentes al 9% de los contribuyentes, según datos de la Agencia Tributaria de 2024. Según el Panel de Hogares 2023, elaborado por la Agencia Tributaria, el IEF y el INE, y explotado por el Ministerio de Consumo y el CSIC, el 4,9% de la población total —el 5,7% de la población adulta— percibe rentas por alquiler de vivienda habitual, y el 9,3% de los hogares recibe estos ingresos. Otras estimaciones sitúan en torno a 2,5 millones de propietarios con al menos una propiedad adicional, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2023 y el Observatorio del Alquiler.

El perfil de los rentistas está fuertemente concentrado en rentas altas: el 23,7% de quienes ganan más de 60.000 euros al año declara ingresos por alquiler, frente al 6,9% de quienes ganan menos de 30.000. El mercado de alquiler por tipo de casero, según Consumo-CSIC (Panel 2023), muestra que el pequeño casero con una sola vivienda en alquiler controla en torno al 39% de las viviendas alquiladas, mientras que los multiarrendadores particulares con dos o más viviendas, las personas jurídicas —empresas y fondos— y la vivienda pública suman en torno al 61%. Entre los particulares, el 52,8% de las viviendas alquiladas pertenece a multiarrendadores. Solo el 3,6% de las viviendas alquiladas está en manos de hogares con diez o más propiedades.

El número de inquilinos es muy superior. Según el INE, en 2025 el 20,2% de los hogares vivía en alquiler —16,7% a precio de mercado y 3,5% por debajo de mercado—, mientras la propiedad alcanzó el 73,3%, mínimo histórico, y la cesión el 6,5%. Con unos 19,4-19,7 millones de hogares, esto supone alrededor de 3,9-4 millones de hogares en alquiler. En términos de personas, el Banco de España cifra en torno a 9 millones las personas residiendo en vivienda arrendada a finales de 2023, con un incremento de unos 3,3 millones desde 2007. Los inquilinos representan el 20,8% de la población, frente al 4,9% de rentistas, es decir, hay aproximadamente cuatro veces más inquilinos que caseros. La concentración geográfica y demográfica de inquilinos es alta: Catalunya (28%), Madrid (27%), Balears y Canarias, con una presencia muy elevada entre los menores de 30 años y los hogares de origen extranjero. El parque de viviendas en alquiler se estima en 3-3,9 millones de unidades entre principales y de mercado.

Frente a la superioridad democráfica de los inquilinos frente a los rentistas, se halla una sobrerrepresentación de los intereses de los segundos en los partidos políticos y la legislación. Aunque los rentistas son una minoría —el 5% de la población y el 9% de los hogares— frente al 21% de inquilinos, la propiedad de vivienda, incluida la principal, es mayoritaria: en torno al 73% de los hogares, lo que, con una intervención ideológica y cultural determinada, genera una base electoral favorable a la protección de la propiedad privada. En el Congreso, el 85% de los diputados son propietarios de al menos una vivienda, frente al 73% de la población en propiedad, y el 20% tienen tres o más, porcentaje que sube al 24-25% en el PP y Vox.

Asociaciones como Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, con unos 6.000 miembros y presencia de grandes tenedores y fondos), por su parte, actúan como interlocutores ante las administraciones. Altos cargos de vivienda del PSOE, como Helena Beunza, exsecretaria general de Vivienda, han pasado a liderar Asval, junto a exministros y cargos del sector. En Catalunya se han creado lobbies rentistas como Som Habitatge, para contrarrestar las regulaciones de precios. El discurso del “pequeño casero” —clase media que complementa pensión o hipoteca— es utilizado recurrentemente por la derecha y el PSOE para oponerse a regulaciones más fuertes de precios o impuestos, a pesar de los datos de concentración en multiarrendadores, y es criticado desde espacios más a la izquierda como un mito que bloquea las intervenciones efectivas.

Existe un desajuste entre el peso demográfico de los inquilinos, creciente, especialmente jóvenes y en grandes ciudades, y su capacidad de influencia política e institucional, mientras los caseros, aunque minoritarios en número, se benefician de la mayoría de propietarios, de lobbies organizados, de la sobrerrepresentación en élites políticas y de un marco legal-fiscal históricamente favorable a la extracción de rentas inmobiliarias. Las encuestas muestran un amplio respaldo social a los límites de precios, incluso entre votantes del PP, pero la traducción legislativa es limitada.