Vox presenta una querella contra el delegado del Gobierno, el Sindicato de Inquilinas y CJS

Vox ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de “omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por omisión”, en relación con la acampada por la vivienda instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol. La formación ejerce la acusación popular y sostiene que la Delegación del Gobierno “ha ignorado información remitida por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sobre hechos con apariencia delictiva”, en una querella que atribuye a Martín un presunto delito del artículo 408 del Código Penal, por la supuesta “omisión intencionada del deber de promover la persecución de delitos”, y otro de “prevaricación administrativa en comisión por omisión”, previsto en los artículos 404 y 11 del mismo texto legal, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El partido fascista sostiene que las administraciones madrileñas trasladaron a la Delegación del Gobierno información sobre la presencia de “cuchillos de gran tamaño y piedras en el campamento, posibles daños en elementos patrimoniales e incidentes con profesionales de la información”, sin que, según su versión, “se adoptaran las actuaciones necesarias para identificar a los posibles responsables”. La querella sitúa el inicio de la acampada en la noche del 26 al 27 de septiembre, tras una manifestación contra los desahucios convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Vox asegura que no consta que los organizadores comunicaran previamente la concentración a la autoridad gubernativa, como establece la normativa para las reuniones en lugares de tránsito público, y destaca que el campamento se ha mantenido sin una fecha de finalización definida. Entre los hechos que Vox cita en la querella, alude a un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que, según el escrito, recoge “pintadas y grafitis en elementos de la Real Casa de Correos”, edificio declarado Bien de Interés Cultural, además de “actuaciones sobre la escultura del Oso y el Madroño y sobre ventanas y rejas de la fachada”. La querella incluye asimismo los incidentes denunciados por distintos medios de comunicación durante la cobertura de la acampada.

La querella se dirige también contra portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (identificados en el escrito como Alicia R., Valeria R., Carolina V. y Fernando S.) y contra dos portavoces de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) (Carlota F. y Marta H.), así como contra Quico C., miembro de la Comisión de Urbanismo del campamento, y los demás promotores y organizadores que puedan determinarse durante la instrucción. A estos querellados les atribuye un presunto delito del artículo 514.1 del Código Penal, en relación con el artículo 513.2, que contempla la “responsabilidad de los promotores o directores de reuniones o manifestaciones a las que concurran personas con armas u objetos peligrosos cuando no hayan tratado de impedir esa circunstancia por todos los medios a su alcance”. Vox argumenta que la acampada cuenta con una estructura organizativa propia, con una Asamblea General y distintas comisiones, entre ellas la de Urbanismo, que habría intervenido en la distribución de las tiendas y en la organización del espacio.

La querella llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid para desalojar la acampada. El tribunal rechazó el 5 de octubre las medidas cautelarísimas y, el 7 de octubre, desestimó la medida cautelar al considerar que en esa fase no estaba acreditada la inactividad administrativa denunciada.

Vox sostiene que esta resolución, de carácter cautelar, no se pronuncia sobre la eventual “responsabilidad penal de Martín ni sobre su supuesto deber de promover la investigación de hechos con apariencia delictiva”. La formación también afirma haber remitido escritos al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno para instar el desalojo inmediato de la zona, sin haber recibido, según indica, contestación. Entre las diligencias solicitadas, Vox pide que se cite a declarar al delegado del Gobierno y a los promotores y organizadores identificados, así como que se incorporen las grabaciones disponibles de cámaras públicas de la Puerta del Sol, el entorno de la Real Casa de Correos y la calle del Arenal entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre. También reclama a la Policía Nacional y a la Policía Municipal los atestados, denuncias, partes de servicio, actas de identificación y demás documentación relacionada con los hechos denunciados, y solicita una pericial para determinar la naturaleza y el alcance de “los daños en la Real Casa de Correos y en la escultura del Oso y el Madroño”, así como “su coste de reparación”.