La OES señala a la Universidad de Zaragoza: “Brutalidad policial, blanqueamiento del fascismo y trabas a la organización política”
La Organización Estudiantil Socialista denuncia que, en los últimos días, la institución aragonesa se ha posicionado del lado del fascismo ”de forma sistemática”.
La Organización Estudiantil Socialista (OES) ha denunciado la actuación de la Universidad de Zaragoza ante la movilización antifascista celebrada el pasado jueves en el campus, señalando la intervención policial, la criminalización del antifascismo y las trabas impuestas a la actividad política estudiantil. La organización convoca una concentración este lunes a las 19:00 en la Facultad de Filosofía y Letras para exigir responsabilidades y reclamar el archivo de los cargos contra los cinco antifascistas detenidos.
La OES denuncia que la institución ha colaborado con el fascismo en múltiples formas. Primero, “solicitando y permitiendo la entrada de los cuerpos policiales en el recinto universitario para impedir que la concentración antifascista expulsase del mismo a los seguidores del provocador Vito Zoppellari Quiles”. La OES señala a la rectora de la universidad Rosa María Bolea, junto a la delegada del gobierno Noelia Herrero Arenas, como la “principal responsable de la brutalidad policial” (porrazos en la cabeza, gases lacrimógenos, pelotas de goma, etc.) sufrida por las antifascistas.
Después, señalan el “blanqueando del nuevo movimiento fascista del que Vito forma parte” en las comunicaciones públicas de la universidad, donde a su vez “criminalizan la organización antifascista”. Según la OES, el comunicado publicado el viernes por la universidad para valorar los hechos acontecidos el pasado jueves refleja una equidistancia que, a la hora de la verdad, “termina por normalizar el fascismo, ante el que solamente se puede actuar de dos maneras: defendiéndolo o combatiéndolo”. Para la organización no cabe “convivencia” ni “respeto” hacia una ideología basada en la opresión de las mujeres, los migrantes, las personas LGTBIQ+ y el conjunto de la clase trabajadora.
Además, señalan que el rechazo abstracto a la “violencia” y el “enfrentamiento” enunciado por la Universidad de Zaragoza ofrece una “pátina de legitimidad” a la detención de cinco antifascistas por parte de la policía, que se ha resuelto con su imputación por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Desde la organización estudiantil del Movimiento Socialista recuerdan que se trata de los mismos cargos que fueron empleados contra los 6 de Zaragoza y la PAH de Zaragoza, dos casos de montaje policial que han tenido lugar en la ciudad en los últimos años.
En último lugar, recriminan que la universidad acompañaría a los fascistas impidiendo a las organizaciones estudiantiles que secundaron la concentración antifascista realizar su actividad con normalidad desde entonces, negándoles todos los permisos que han solicitado. Desde la OES, entienden que “se trata de una denegación arbitraria, propia de una institución antidemocrática como la universidad, con la que se trata de criminalizar y reprimir la respuesta antifascista de las estudiantes”, pero aseguran que no van a detener su actividad. Sentencian que este comportamiento no les sorprende, pues el propio vicerrector de estudiantes “coaccionó individualmente a militantes de la organización por haber difundido la convocatoria”. Según apuntan, todo lo sucedido “no hace más que reafirmarles en su lucha por un modelo educativo en el que el control de la universidad deje de estar en manos de burócratas y empresarios y pase a recaer en sus trabajadoras y estudiantes, algo que sólo será posible bajo un Estado Socialista”.
Para protestar contra todo ello, las estudiantes socialistas han convocado una concentración de urgencia que tendrá lugar este lunes a las 19:00 en la entrada de la facultad de Filosofía y Letras en la que también exigirán tres medidas. En primer lugar, la dimisión de la rectora Rosa María Bolea, principal responsable (junto a la delegada del Gobierno Noelia Herrero Arenas, del PSOE) de la brutal intervención policial. En segundo lugar, el archivo de los cargos imputados a los 5 detenidos. En tercer lugar, el fin de la presencia policial en los campus universitarios y de las trabas burocráticas a la actividad política.
