Sánchez califica de “vándalos instigados desde las redes” a los jóvenes detenidos y blinda la represión en Barcelona
Promete “cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes”: la Fiscalía pide internamientos y prohíbe a los jóvenes manifestarse bajo amenaza de prisión, mientras el Ayuntamiento multa a los padres.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado el pistoletazo de salida a una operación de castigo colectivo contra el último estallido social de Barcelona (Catalunya). A través de su cuenta de X, Sánchez deslegitimó cualquier atisbo de reivindicación al afirmar que “lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes”. El mensaje del presidente, que respalda explícitamente la actuación policial y judicial, ratifica la estrategia del Ejecutivo: identificar la protesta con el caos, criminalizar a los menores de edad y justificar la censura digital y las multas a las familias trabajadoras. “Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la justicia”, sentenció Sánchez, añadiendo que el Gobierno tiene claro que habrá “cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes”.
La declaración de Sánchez viene acompañada de las medidas excepcionales que ya se están aplicando. Las fuerzas policiales practicaron un total de 130 detenciones, entre ellos 54 mayores de edad y 76 menores (74 chicos y 2 chicas), un volumen de arrestos que ha colapsado los juzgados de guardia de Barcelona. La Fiscalía de Menores ya ha solicitado que internen a seis de los detenidos (tres ya decretados) y ha impuesto a otros veinte la libertad vigilada con la prohibición expresa de acudir a reuniones o manifestaciones o acercarse a menos de 1.000 metros de ellas. Para los adultos y para los menores que se salten esta medida cautelar, el Ministerio Público ha advertido de que solicitará directamente su ingreso en prisión o en un centro de internamiento si vuelven a ser arrestados. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni (PSC), confirmó además que serán los progenitores quienes asuman los 36.000 euros en daños al mobiliario urbano. “Serán sus padres quienes asuman el coste financiero”, declaró.
Censura de redes
La consejera de Interior, Núria Parlon, ha apelado a WhatsApp y Telegram para que cierren los chats en los que se organizaban los encuentros y para que revelen la identidad de quienes los impulsaron, a los que calificó de “identidades camufladas”. Según la Generalitat, la convocatoria partió de la plataforma “Blocus” en TikTok, un movimiento inspirado en las protestas estudiantiles francesas de los Lycées Indignés, bajo el lema “Por la calidad del instituto”. Parlon también ha prometido “tolerancia cero” y ha insistido en que detrás de estos grupos “no hay ningún otro fin que sembrar el caos”.
Reproches cruzados en precampaña electoral
Mientras Sánchez prometía “cero tolerancia”, su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aprovechaba para apuntar hacia el PP y Vox, a quienes acusó de promover “la desinformación y la injerencia” en las redes con la intención de sacar rédito electoral. El PP, por su parte, instrumentaliza los disturbios para atacar al Gobierno: su secretario general, Miguel Tellado, acusó a Sánchez de “dejación y pasividad” ante episodios promovidos por la “extrema izquierda”, y el alcalde de Badalona y candidato del PP, Xavier García Albiol, fue más allá y calificó los altercados de “asalto militar”. Ninguno de ellos mencionó la situación socioeconómica y educativa de la juventud. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs, al igual que numerosos sectores de la izquierda, difundió directamente teorías de la conspiración infundadas: “Alguien está moviendo hilos para desacreditar las reivindicaciones por la lucha de la vivienda y la huelga del 11-N”.
