Barcelona multará a los padres, internará a menores y censurará las redes tras los disturbios

Tras los disturbios del pasado sábado en Barcelona, las autoridades catalanas han desplegado una maquinaria represiva que combina la criminalización de los menores con la censura digital y el castigo económico a las familias trabajadoras. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, confirmó este lunes en la Cadena SER que las fuerzas policiales practicaron un total de 128 detenciones (la consejera de Interior, Núria Parlon, elevó la cifra a 130) y que el 56% de los arrestados son menores de edad (74 personas). Ante este dato, el regidor fue tajante: serán los progenitores quienes asuman el coste de los 36.000 euros en daños al mobiliario urbano. “Serán sus padres quienes asuman el coste financiero”, declaró Collboni, al tiempo que la Fiscalía de Menores ya ha solicitado el internamiento de seis menores y más de veinte medidas de libertad vigilada con la prohibición de acercarse a menos de mil metros de manifestaciones. Para los mayores de edad detenidos, la Fiscalía pide directamente que se les prohíba acudir a concentraciones.

La respuesta política no se queda en el castigo y la reducción de libertades políticas a los jóvenes, sino que apunta directamente a la censura de las herramientas de comunicación. La consellera Parlon ha apelado a WhatsApp y Telegram para que cierren los chats en los que se organizaban los encuentros y para que revelen la identidad de quienes los impulsaron, a los que calificó de “identidades camufladas”. Según la Generalitat, la convocatoria partió de la plataforma “Blocus” en TikTok, un movimiento inspirado en las protestas estudiantiles francesas de los Lycées Indignés, y para participar se facilitaba un código QR que dirigía a grupos de mensajería. Parlon, que anteriormente ha sido acusada de infiltrar policías en asambleas de huelgas educativas en Catalunya, ha prometido “tolerancia cero” y “todo el peso de la ley” de cara a la próxima convocatoria de protestas del 31 de octubre.

El relato oficial del Gobierno central y de los medios afines se ha volcado en deslegitimar la protesta. El presidente Pedro Sánchez ha prometido “cero tolerancia” ante el “vandalismo instigado desde las redes”, asumiendo un marco que convierte la protesta combativa en sospechoso de sabotaje externo, y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha deslizado que “cuando se siembra el caos... siempre hay un ganador, que es la extrema derecha”.

Mientras las democracias liberales señalan con el dedo a otros países por tomar medidas de control similares, aquí se exige a las plataformas extranjeras que ejerzan de policía y censuren la organización ante un estallido de descontento social, sin importar que el riesgo de desestabilización estatal sea infinitamente menor que en otros contextos.