La Policía de Ecuador detiene a Luisa González, principal rival de Noboa, a cinco semanas de las elecciones locales

La Policía Nacional de Ecuador detuvo en la madrugada del jueves 22 de octubre a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo y principal rival política del presidente Daniel Noboa, apenas cinco semanas antes de las elecciones locales, bajo el pretexto de una investigación por presunto “lavado de activos” vinculado a la financiación y el gasto de su campaña presidencial de 2023, según han informado El Universo. La detención se produjo en Canuto, una parroquia rural del cantón Chone, en la provincia de Manabí, donde reside y donde creció.

El operativo fue ejecutado por agentes enviados desde Quito y confirmado posteriormente por la Policía Zonal 4 de Manabí. La Fiscalía General del Estado informó de que, junto con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención en Manabí y Pichincha para formular cargos por presunto lavado de activos. González fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil para ser procesada, y la audiencia de formulación de cargos se instaló la noche del jueves tras un primer intento fallido por problemas de conexión, según El Universo. En total, la Fiscalía investiga a siete personas, cuatro de ellas detenidas.

El caso “Laberinto” examina presuntas irregularidades en la financiación política y en el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por “inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”, según EFE. La investigación se abrió formalmente en enero de 2026, cuando la Fiscalía irrumpió en la vivienda de González y otros inmuebles en varias provincias para recoger documentos y dispositivos electrónicos. La tesis fiscal apunta a un presunto “ingreso de dinero en efectivo procedente de Venezuela para financiar la campaña de Revolución Ciudadana”, en la que González fue candidata a la Presidencia y Andrés Arauz a la Vicepresidencia. El caso está conectado con la investigación previa denominada “Caja Chica”, en la que González fue acusada a comienzos de 2026 por un presunto delito de “delincuencia organizada con fines de lavado de dinero”. La Fiscalía no ha hecho públicos, en la información recogida hasta ahora en medios nacionales ecuatorianos e internacionales, pruebas suficientes que demuestren la participación concreta de González.

González ha negado las acusaciones y ha sostenido que Revolución Ciudadana entregó a las autoridades electorales toda la documentación sobre los gastos de su campaña de 2023. “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie”, declaró en una conferencia de prensa tras el allanamiento de enero, según CNN. La excandidata se ha desvinculado de la administración financiera de la campaña y ha señalado que ella fue candidata, no responsable del manejo del dinero. Según El País, la organización sostiene que la Fiscalía habría convertido una supuesta discrepancia administrativa de 6.100 dólares en una causa penal “exprés”. Gabriela Rivadeneira, dirigente de Revolución Ciudadana, confirmó la detención y la calificó de políticamente motivada. El partido ha admitido un comunicado en el que denunció una “detención arbitraria e inconstitucional” y “la instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política”.

La detención se produce a poco más de cinco semanas de las elecciones locales previstas para finales de noviembre. González había sido inhabilitada para presentarse como candidata en esos comicios, y la Junta Electoral de Manabí negó su inscripción por Pachakutik, según EFE. Revolución Ciudadana, el partido fundado por Rafael Correa, fue suspendido en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, una decisión que el correísmo denuncia como una persecución política para excluirlo de los comicios.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El expresidente colombiano Gustavo Petro denunció que en Ecuador se desarrolla una “verdadera dictadura” tras la detención de González. El expresidente boliviano Evo Morales expresó su “solidaridad y absoluto respaldo” a la dirigente y denunció un “plan regional de persecución para eliminar a referentes de izquierda”. La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) calificó la captura de “secuestro” y exigió su liberación inmediata, según Al Mayadeen.

El contexto de la detención coincide con las advertencias del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, que en marzo de 2026 expresó su “profunda alarma” por al menos 51 denuncias de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por fuerzas policiales entre 2024 y 2025, y advirtió sobre la militarización de la seguridad pública y el uso reiterado de estados de excepción, según Naciones Unidas.

La detención de González se suma también a la presión del Gobierno de Noboa contra determinados medios de comunicación. El diario ecuatoriano Expreso publicó el pasado 10 de octubre su última edición impresa después de 53 años. Su editora, Granasa, atribuye el cierre a “presiones tributarias, administrativas y económicas” del Gobierno, que le hicieron perder cerca del 70% de su publicidad, y a una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías a petición de una empresa pública. De forma similar al caso de González, la Fiscalía abrió además una investigación por presunto lavado de activos que Granasa rechaza. Las tensiones se intensificaron después de que el diario publicara en agosto de 2025 “Los dueños de la salud”, una serie sobre los intereses económicos detrás de la crisis del sistema sanitario. Fundamedios, la Fundación Periodistas Sin Cadenas y la Sociedad Interamericana de Prensa han denunciado el hostigamiento estatal, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alertó en 2025 sobre el uso recurrente de procesos administrativos, tributarios y legales contra comunicadores en Ecuador.