La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para espiar móviles a distancia
El contrato, adjudicado sin publicidad a Fortier Europe, permite alojar software en Android e iOS para acceder a los contenidos sin incautarlos y sin que la persona investigada lo note.
La Guardia Civil ha adquirido un nuevo sistema para registrar de forma remota los teléfonos móviles de personas investigadas sin necesidad de incautar los dispositivos. Según el anuncio de formalización publicado en el BOE, el contrato se adjudicó el 26 de marzo de 2026 a la empresa Fortier Europe S.L.U., con sede en Boadilla del Monte, por un precio de 2.066.115,70 euros antes de IVA (unos 2,5 millones con impuestos). El documento detalla que el sistema tiene “capacidad de alojar software en terminales con sistemas operativos Android e iOS, que permitan el acceso transparente a los contenidos de los dispositivos, así como de comunicaciones de los mismos”.
La compra se realizó con un procedimiento “negociado sin publicidad”, justificado por el Ministerio del Interior en que “el fabricante del equipo que se pretenden adquirir ha otorgado la exclusividad para realizar el suministro y distribución de sus equipos”. Solo se recibió una oferta. La empresa adjudicataria, Fortier Europe, es una contratista habitual del Ministerio del Interior, con al menos 13 contratos valorados en unos 15,6 millones de euros antes de IVA, según El Digital de Albacete. Entre sus adjudicaciones figuran sistemas portátiles de extracción de datos, dispositivos de captura de audio y GPS y el mantenimiento de la plataforma EGOBOX.
El uso de esta herramienta está limitado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por lo que, en teoría, un juez debe autorizar el registro remoto y especificar los dispositivos afectados, cómo se accederá a los datos, qué agentes lo llevarán a cabo y cómo se protegerá la integridad de la información. Al igual que con las infiltraciones policiales, la medida solo se permite, en teoría, para una lista cerrada de delitos: “organizaciones criminales”, “terrorismo”, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, “delitos contra la Constitución”, “traición” y “defensa nacional”, así como delitos cometidos a través de tecnologías informáticas. La autorización dura un mes, prorrogable hasta un máximo de tres meses.
La compra de este sistema evidencia la expansión del aparato de vigilancia del Estado y su imbricación con el capital privado. La Guardia Civil adquiere tecnología de espionaje a una empresa que opera en lo que parece ser un régimen de monopolio para acceder de forma “transparente” (es decir, sin que la persona lo sepa) a la intimidad de los investigados. El Estado refuerza así su capacidad represiva a través de contratos opacos, sin concurrencia pública y con un gasto millonario en sistemas de inteligencia.
