Un informe jurídico de la UCM acusa a la Policía de cargar “gratuita e innecesariamente” en la huelga educativa
El texto identifica cinco posibles delitos de los agentes, entre ellos lesiones y trato degradante. La Policía irrumpió en el campus sin aviso previo, sin autorización del Rectorado y dejó tres hospitalizados.
La Plataforma por la Universidad Pública ha publicado un informe jurídico, elaborado por personal docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que acusa a la Policía Nacional de actuar “gratuita e innecesariamente en su uso de la fuerza” durante las cargas contra el piquete de huelga del pasado 14 de octubre. El documento, basado en material audiovisual y partes médicos, identifica al menos cinco posibles delitos cometidos por los agentes, entre los que destacan lesiones, vulneración de derechos fundamentales y contra la integridad moral. El texto reconoce que, a la vista de las imágenes, “no queda claro siquiera” por qué los agentes procedieron a la disolución del acto. “No se produce agresión hacia la Policía por parte de los manifestantes, ni hay grave alteración del orden público que justifique una actuación tan lesiva”, subraya el informe.
La versión oficial en tela de juicio
El piquete se encontraba “detenido pacíficamente”, sin objetos contundentes ni armas, y los agentes “se negaban a entablar diálogo” pese a los reiterados intentos del comité de huelga. El informe hace notar que, según la “ley mordaza”, antes de intervenir se debe avisar “clara y verbalmente a los manifestantes”, algo que no ocurrió. Además, el Rectorado de la UCM ha comunicado que en ningún momento solicitó, requirió ni motivó la entrada de dotaciones policiales al campus. La Delegación del Gobierno en Madrid corroboró que la actuación no obedecía a una orden gubernativa expresa, sino “a una decisión puramente discrecional adoptada sobre el terreno por el mando operativo de la Unidad de Intervención Policial”.
Brutalidad de la intervención
Los agentes identificados con dorsales como 1U104, 1U1064 y 1U1025 golpearon con porras en zonas prohibidas por los protocolos policiales (cabeza, torso, articulaciones), arrastraron a estudiantes por el pelo y dispararon pelotas de goma. La actuación policial, definida como “desmesurada”, provocó que tres personas precisaran evacuación urgente a centros hospitalarios por contusiones severas y fracturas óseas, entre ellas la rotura y fractura de antebrazo de una estudiante. Tras las cargas, los agentes impusieron “un régimen de confinamiento y retención coactiva durante más de noventa minutos”, pese a que los manifestantes expresaron su voluntad de disolverse. Varios agentes actuaron sin su identificación visible y llegaron a “empujar físicamente” a la vicerrectora de Estudiantes, según relatan los testigos.
La represión policial, que se saldó con cinco detenidos y varios heridos graves, se produjo en la primera jornada de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública de Madrid, a la que están llamados 65.000 docentes. Un día después de las cargas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció una investigación interna, mientras la Organización Estudiantil Socialista (OES) y el Frente de Estudiantes exigieron su dimisión y la del rector de la UCM, Joaquín Goyache. El informe jurídico concluye que la comunidad universitaria actuó en todo momento de forma “estrictamente pacífica, sin incurrir en violencia física, resistencia activa ni comisión de ilícito alguno”, y exige que los agentes asuman la “responsabilidad penal” derivada de sus actos.
