El Supremo confirma la sanción de 20 días a un guardia civil por alquilar su habitación del cuartel de Eivissa a unos turistas
El agente alquiló su alojamiento oficial a una familia; los inquilinos aseguraron haber sido engañados y preguntaron a los guardias dónde comprar droga.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo a un guardia civil destinado en el cuartel de Can Sifre, en Sant Josep de sa Talaia (Eivissa, Illes Balears), por permitir que personas ajenas al cuerpo ocuparan la habitación oficial que tenía asignada dentro del acuartelamiento, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023, durante la celebración de la fiesta del Pilar, patrona de la Guardia Civil. A última hora de la tarde, varios agentes del puesto observaron la presencia de un hombre y dos niñas menores de edad a quienes no conocían. Las cuatro personas venían de la habitación del agente sancionado, que en ese momento no se encontraba en la isla. Una mujer que llegó poco después explicó a los presentes que su compañero, el encausado, les había dejado la habitación.
Preguntó a los agentes dónde “pillar”
El hombre, según describe el fallo, explicó inicialmente que se encontraba en “la habitación de una amiga”. Una de las menores que le acompañaban señaló que estaban en la habitación del guardia civil. Entonces el hombre manifestó que “le habían engañado”, porque “pensaba que acudían a un apartamento con vistas al mar y que les habían alquilado aquella habitación”. La situación llamó la atención de los agentes sobre todo cuando el hombre se sirvió una copa de alcohol en su presencia y les preguntó por un lugar donde “pillar” sustancias estupefacientes, según recoge el diario. Un teniente que observó la escena llamó a la patrulla de servicio e invitó a los ocupantes a abandonar las instalaciones. Los turistas se negaron en un primer momento y se encerraron en la habitación. Finalmente salieron, aunque se fueron sin devolver las llaves de la habitación ni las del cuartel. En total, eran cuatro las personas alojadas irregularmente, una familia entera.
El agente recurrió la sanción ante el Tribunal Supremo alegando una “vulneración de sus derechos de defensa”, porque no se habían practicado las declaraciones de los turistas alojados ni las del comandante jefe de la compañía y el guardia de puertas. La Sala de lo Militar destaca que, al tratarse de una vivienda integrada en el cuartel, está sujeta a obligaciones de seguridad sobre las entradas, permanencias y salidas de terceras personas, por lo que el consentimiento del agente no bastaba para autorizar que personas ajenas a la Guardia Civil ocuparan su habitación ni podía sustituir la obligación de comunicar su presencia al servicio de seguridad. No mencionó nada sobre el hecho de que alquilara una instalación pública para lucro privado. La sanción inicial la impuso el Teniente General Jefe del Mando de Operaciones el 10 de junio de 2024 y la confirmó el Director General del cuerpo el 19 de julio de ese año. El Tribunal Militar Central desestimó su primer recurso en junio de 2025.
