Condenado a 14,5 años un guardia civil en Iruñea por violar y controlar a su pareja con discapacidad
El agente, de 60 años, aisló y violó a una mujer con 52% de discapacidad. La sentencia lo absuelve de revelación de secretos pese a espiarla cinco veces en bases policiales.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 14,5 años de prisión a un guardia civil de 60 años por agredir sexualmente y maltratar de forma habitual a su pareja, una mujer con una discapacidad del 52% y en situación de especial vulnerabilidad. El tribunal le impone 12 años por un delito de agresión sexual con violencia e intimidación y 2,5 años por maltrato habitual, además de 21 años de alejamiento y prohibición de comunicación, y una indemnización de 20.000 euros. Las especialistas forenses del Instituto Navarro de Medicina Legal citados por el Diario de Noticias concluyeron que la víctima presenta un “daño psíquico reactivo” derivado de “una dinámica de relación asimétrica, con concurrencia de continuas conductas de control/celos y episodios de violencia física en contexto de relaciones sexuales”, según recoge la sentencia.
El relato de los hechos desmonta cualquier atisbo de relación consentida. El agente, que ejercía en la capital navarra, conoció a la víctima en septiembre de 2023 y, desde el principio, “con el pretexto de preocuparse y de querer cuidarla y protegerla, estableció un férreo control sobre ella”. Le obligó a cambiar el PIN de su teléfono por el suyo, controlaba con quién, dónde y cuándo estaba, la aisla de su familia y amigos, y le reñía si hacía algo que no le gustaba. Incluso colocó un dispositivo de geolocalización (Airtag), material habitual en el cuerpo policial, en el vehículo de ella para saber en todo momento dónde estaba. En una ocasión, tras una boda, mantuvieron relaciones consentidas hasta que él empezó a actuar con violencia; ella le pidió que parara hasta en tres ocasiones porque le hacía daño, pero él siguió agarrándola y haciendo caso omiso, causándole múltiples moratones que ella tuvo que ocultar al día siguiente.
A pesar de que el guardia civil maltratador accedió hasta en cinco ocasiones a las bases de datos policiales para conocer información de la víctima, la Sala lo absuelve del delito continuado de descubrimiento de secretos. El tribunal argumenta que “no ha quedado acreditado que accediera a datos personales e íntimos”, pero reconoce en el fallo que “la falta de justificación real de los accesos incide en su ánimo de controlarla” y que “el hecho de que se valiera de su posición como guardia civil incrementa la angustia de la denunciante en la medida en que resulta expresivo del poder que puede tener sobre ella”.
La delincuencia policial: el elefante en la sala
Según datos del fanzine SinPoli, los policías son el cuerpo de funcionarios con más condenados por delitos graves en el Estado español, aunque su tasa de condenas es hasta tres veces inferior a la de la población general (1,87 por cada 1.000 frente a 5,78), evidenciando un “enorme manto de encubrimiento” institucional.
El caso de Iruñea es otro ejemplo más de la violencia machista estructural específica dentro de los cuerpos policiales. Sin ir más lejos, el Tribunal de Estrasburgo denunció el pasado enero que, en la misma ciudad, la Policía Nacional española manipuló pruebas de dos violaciones, presumiblemente por vínculos personales de algunos agentes con los implicados.
Una recopilación más amplia de casos de 2026 revela que los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más proclives a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina, copando por momentos el 5,41% de los feminicidios siendo solo el 0,30% de la población. A esto se suman las tramas de narcotráfico que salpican a altos mandos y el uso irregular del sistema VioGén en Santander (Cantabria) y Granada (Andalucía) para proteger a agresores, conductas parecidas a la del guardia civil de Iruñea. Esta misma semana, la Fiscalía ha desestimado el caso de Granada.
