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Dos delegados sindicales detenidos en el segundo día de lucha del metal en Cartagena

Los piquetes bloquean Escombreras y Navantia; el “Gobierno progresista” manda a la Guardia Civil y la Policía Nacional a cargar contra los obreros para despejar las vías industriales.

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Corte de carretera en los piquetes de la huelga del metal en Cartagena. Foto: La Opinión de Murcia.
Corte de carretera en los piquetes de la huelga del metal en Cartagena. Foto: La Opinión de Murcia.

La huelga indefinida del metal en la Región de Murcia, que afecta a unos 35.000 trabajadores y 8.500 empresas, ha entrado este miércoles en su segunda jornada de lucha con una escalada de la represión estatal. Desde primeras horas de la mañana, cientos de trabajadores han levantado barricadas y quemado neumáticos en los accesos a Navantia y a la refinería de Repsol en el Valle de Escombreras (Cartagena), bloqueando la actividad de los principales complejos industriales.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han respondido cargando con gases lacrimógenos, pelotas de goma y salvas para despejar las vías, provocando momentos de enfrentamientos y tensión. Alrededor de las 6:00, los antidisturbios han impedido el paso de un camión de bomberos y han detenido a dos delegados sindicales de UGT y CSIF, pertenecientes a las empresas auxiliares Maessa Naval e Imasa, acusados de un presunto delito de “atentado a la autoridad”, según han denunciado los sindicatos y las organizaciones de trabajadores.

La patronal no cede por las buenas

El origen del conflicto se remonta a la negativa de la patronal FREMM a desbloquear el convenio colectivo, caducado desde enero de 2026. Tras diez horas de reunión en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) el pasado lunes, los sindicatos UGT, CCOO y USO dieron por rotas las negociaciones ante la intransigencia de la patronal, que mantiene la oferta del preacuerdo de julio. Pero la clave del pulso no es solo el porcentaje de subida salarial (los sindicatos exigen un 4,5% con revisión ligada al IPC y la patronal ofrece un 15% acumulado a cuatro años), sino las cláusulas de “compensación y absorción” de los pluses. Los trabajadores denuncian que estas cláusulas permiten una maniobra típica de la patronal: diluir las aparentes subidas salariales utilizando otros conceptos que ya cobran las plantillas, por lo que el aumento real de los ingresos sería inexistente. Además, exigen que se mantenga el complemento por Incapacidad Temporal y garantías de subrogación para las plantillas de las auxiliares de Navantia.

“¡Ni un paso atrás en la lucha del metal!”

Mientras los sindicatos cifran el seguimiento en un 80%, la patronal FREMM lo reduce a un 2,8% para intentar deslegitimar la huelga y calificar las concentraciones de “ilegales”. El delegado del “Gobierno progresista”, Francisco Lucas, ha pedido “responsabilidad” a los sindicatos y ha desplegado un dispositivo policial “preventivo” para garantizar el “orden público” y el “derecho al trabajo”, es decir, para proteger los accesos a las factorías de Repsol y Navantia y permitir que los camiones cisterna y los esquiroles rompan el bloqueo.

La represión sirve, por tanto, como una herramienta política del Estado para garantizar que la producción y los beneficios de las corporaciones energéticas y militares no se detengan, mientras los trabajadores del metal ven cómo su poder adquisitivo se desploma y sus condiciones laborales se precarizan. Los piquetes de Cartagena, que resisten a las cargas policiales y a las detenciones, defienden las condiciones de vida de la clase trabajadora frente a una patronal que se niega a repartir los beneficios extraordinarios que acumula gracias al proceso de rearme histórico impulsado por el “Gobierno progresista” para cumplir con las órdenes de la OTAN y EEUU.

La reunión prevista para esta tarde en la OMAL apunta a ser otro test de la intransigencia de FREMM, que por el momento sigue confiando en la fuerza de la policía para salvaguardar sus intereses económicos. Los huelguistas han llamado a mantener las movilizaciones y han advertido de que no darán “ni un paso atrás” en la defensa de sus derechos.

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