La coalición impulsa un acuerdo parlamentario inédito para aumentar los recursos humanos y técnicos de la Ertzaintza bajo el argumento de la “modernización tecnológica”.
La CGT denuncia que la policía catalana intentó espiar una reunión de trabajadores en el Instituto Pau Claris de Barcelona haciéndose pasar por empleadas del Consorcio.
Demuestra que el consistorio actúa como “juez y parte” al tramitar las sanciones con la Ley Mordaza y rechazar los recursos, mientras el alcalde elude su autoridad sobre la Policía Municipal.
La Generalitat Valenciana impone servicios "mínimos" del 100% al profesorado del último curso de Bachillerato durante los paros indefinidos bajo el pretexto de "garantizar las evaluaciones de la EBAU".
