Crisis de vivienda
630.000 contratos de alquiler vencen este año con subidas de hasta el 50%
Los rentistas esperan poder subir los alquileres firmados en 2021, mientras los inquilinos se enfrentan a la expulsión o a pagos inasumibles.
El gasto público en vivienda cayó un 2,7% en 2024
Los Ayuntamientos lideran el recorte del gasto en vivienda con 208 millones menos, hundiéndolo al 0,48% del PIB, la cifra relativa más baja de la serie histórica y lejos de la media de la UE del 1,2%.
Madrid supera los 75.000 propietarios que acaparan tres o más viviendas en plena crisis de acceso
Los datos catastrales revelan una concentración extrema: 517 titulares acumulan más de 50 viviendas cada uno, mientras las instituciones no ponen freno al negocio de la vivienda.
El precio de la vivienda en el Estado español subirá un 9,3% en 2026, más del doble que la media europea
La agencia S&P Global prevé que el encarecimiento continúe al menos hasta 2028, disparando la concentración de la propiedad y el negocio inmobiliario.
El alquiler sube un 8% en enero y supera los 15 euros por metro cuadrado
El precio del metro cuadrado sube en 49 provincias del Estado español y roza los 24 euros en Barcelona; País Valencià y Castilla-La Mancha registran los mayores incrementos interanuales.
El Gobierno y el PNV permiten a pequeños rentistas desahuciar sin ofrecer alternativa habitacional
Un nuevo acuerdo permite formalmente a los caseros con una sola vivienda en alquiler dejar en la calle a inquilinos vulnerables.
El 10% de los hogares más ricos del Estado español posee el 42% de la riqueza inmobiliaria residencial
La mitad más pobre de la población solo tiene el 12,5% del patrimonio en viviendas, en una tendencia de concentración agravada desde 2011.
El Ayuntamiento de Tolosa vuelve a desalojar a varias personas sin hogar
Es la segunda vez en las últimas dos semanas que el consistorio gobernado por EH Bildu expulsa a personas sin techo de edificios públicos.
La Comunidad de Madrid prohibirá el acceso a VPO a los condenados por "ocupación ilegal"
Isabel Díaz Ayuso anuncia que la nueva norma vetará por 5 años a quienes tengan sentencia firme por allanamiento o usurpación, e impondrá un requisito de 10 años de empadronamiento previo.