Un rentista trataba de imponer el desalojo cautelar a la inquilina acusada de "okupa", aunque reside legalmente y cuenta con contrato de alquiler vigente.
La movilización del Sindicat d’Habitatge de Girona frena el lanzamiento previsto por el ejecutivo municipal liderado por la CUP, acusado de difamar a la familia y de actuar sin alternativas habitacionales .
Casos recientes en Girona e Iruñea muestran que los gobiernos municipales de la CUP y EH Bildu también desahucian, incluso de forma irregular y mintiendo sobre los afectados.
El Sindicat d’Habitatge de Girona denuncia que el consistorio mantiene el desahucio de una familia vulnerable de un piso municipal tras rechazar sus demandas y difundir acusaciones desmentidas por un informe jurídico.
Aunque los agentes del Estado español cuentan con la posibilidad legal y el apoyo "sindical" para presentar objeción de conciencia ante los desahucios, ni uno solo ha ejercido este derecho en más de una década.
El referente de la literatura africana en español y exiliado político denuncia abandono institucional y recibe el apoyo de movimientos sociales ante el desahucio previsto para el 23 de julio.
El desalojo, ejecutado sin alternativa habitacional, moviliza a decenas de vecinos y termina con la afectada hospitalizada tras ingerir dos cajas de pastillas.
