A partir del 17 de junio de 2026, pocos días antes del solsticio, una masa de aire de altas presiones se instaló sobre Europa occidental y quedó bloqueada. Los meteorólogos describieron la configuración como un bloqueo en omega; un patrón que impide el avance habitual de los sistemas de oeste a este y atrapa el aire cálido procedente del norte de África. Durante el episodio, las temperaturas se situaron en amplias zonas hasta 18 grados por encima de la media estacional, y a pesar de que en los días posteriores se pudieron ver bajadas en las temperaturas, se sigue manteniendo una media muy por encima de lo común. El equipo de World Weather Attribution, que elabora análisis rápidos de fenómenos extremos, concluyó que en la región examinada —que tomaba grandes areas de Europa— el episodio fue el evento de calor más severo del registro instrumental. Durante el episodio, 252 estaciones meteorológicas batieron su récord absoluto de temperatura.
Francia declaró el 23 de junio el día más caluroso desde el inicio de las mediciones en 1947, con 44,3 grados en Pissos y un récord de junio de 40,9 grados en París. La República Checa alcanzó 41,9 grados en Doksany, su máximo histórico. Alemania llegó a 41,7 grados en Coschen y registró una noche que no bajó de 29,4 grados en el este del país, la más cálida en cerca de 150 años. España marcó 43,7 grados en Tama, en Cantabria, la temperatura más alta jamás medida en esa región en cualquier mes. Los Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Polonia, Hungría, Austria y el Reino Unido batieron también récords mensuales o absolutos, y el Reino Unido superó su récord de junio tres días seguidos.
Respecto a las tendencias generales, en 2024, según el servicio Copernicus, la temperatura media global de un año natural completo superó por primera vez los 1,5 grados sobre la referencia preindustrial de 1850 a 1900, con un valor en torno a 1,55 grados, y el ritmo de calentamiento subyacente se sitúa por encima de 0,2 grados por década. Europa se calienta más deprisa que cualquier otro continente, a un ritmo cercano a 0,53 grados por década desde mediados de los años noventa, más del doble del ritmo global cercano a 0,26 grados por década.
Además de lo anterior, el mismo análisis estimó que una ola de calor de junio de esta magnitud habría sido prácticamente imposible en 1976, y que aún en 2003, el primer gran desastre de calor europeo de este siglo, un calor diurno comparable habría sido unas diez veces menos probable y un calor nocturno comparable más de cien veces menos probable. Otra lectura del mismo análisis cifra el episodio en torno a doscientas veces más probable hoy que hace veinte años.
Las temperaturas diurnas máximas en gran parte de Europa occidental se calientan a un ritmo cercano al triple del calentamiento medio global, y las noches a un ritmo cercano al doble. Junio es, además, el mes que más rápido se calienta en el continente. Expresado como diferencia, el mismo episodio de junio habría sido unos 3,5 grados más frío de día en 1976 y unos 2 grados más frío en 2003, y unos 2,4 y 1,3 grados más frío de noche en esos mismos años. Por tanto, a pesar de que las temperaturas hayan ascendido de manera especialmente aguda en la entrada del verano, son parte del futuro cercano al que nos enfrentamos, lo que también acarrea problemas con la línea base de diseño de los edificios, sistemas de salud, legislaciones laborales…
Un análisis de ClimaMeter encargado de medir el impacto directo en los humanos, estimó que 327 millones de personas y unos 15,6 billones de dólares en activos quedaron expuestos al calor intensificado por el cambio climático, con el 81 % de esas personas y el 86 % de esos activos en la categoría más alta de calor. Por otro lado, un análisis complementario que examinó 854 ciudades en 30 países europeos encontró que el 45 % de ellas batió, o estaba a punto de batir, su récord histórico de un índice estándar de estrés térmico que combina temperatura y humedad. El riesgo se concentra en las ciudades, donde el efecto “isla de calor”, la falta de adaptación urbanística y, sobre todo, los efectos de la desigualdad socioeconómica se combinan.
Al igual que no sucede con prácticamente nada, el calor tampoco se padece a partes iguales. Cae primero y con más fuerza sobre las personas obligadas a trabajar en condiciones de exceso de calor, y sobre todo sobre los que desempeñan trabajo manual a la intemperie. La Organización Internacional del Trabajo estima que 2.410 millones de trabajadores, el 70,9 % de la fuerza de trabajo mundial de 3.400 millones, están expuestos a calor excesivo en algún momento de su jornada, una proporción que ha subido desde el 65,5 % en 2000. Asocia esa exposición a 22,85 millones de lesiones laborales, unas 18.970 muertes relacionadas con el trabajo y 2,09 millones de años de vida ajustados por discapacidad perdidos cada año. La exposición se acentúa en los países del sur global con un 92,9 % en África, un 83,6 % en los Estados árabes y un 74,7 % en Asia y el Pacífico. Además, el calor, lejos de suponer un problema sólo en momentos puntuales, según el propio estudio, nueve de cada diez trabajadores expuestos al calor, y ocho de cada diez lesiones por calor, se producen fuera de las olas de calor oficialmente declaradas.
Además del calor, la misma fuente documenta cerca de 1.600 millones de trabajadores expuestos a radiación ultravioleta, con unas 18.960 muertes anuales por cáncer de piel no melanoma, cuya mortalidad creció un 88 % entre 2000 y 2019. Otros 1.600 millones expuestos a contaminación del aire en el puesto de trabajo, con hasta 860.000 muertes anuales entre quienes trabajan a la intemperie. Y más de 870 millones de trabajadores agrícolas expuestos a agroquímicos, con más de 300.000 muertes anuales por intoxicación. En Centroamérica, una epidemia de enfermedad renal crónica de origen no tradicional, ligada al estrés térmico y la deshidratación repetidos de los cortadores de caña, ha causado más de 20.000 muertes, con tasas entre los hombres de 60 a 70 por cada 100.000.
A pesar de que las cifras presentadas reflejen un marco claro, algunas de las mediciones oficiales esconden cierta información como se puede ver a continuación. El sistema de vigilancia de la mortalidad del estado español atribuyó 3.832 muertes al calor en 2025, un aumento de casi el 88 % respecto al año anterior. Para el último año con desglose oficial completo, 2024, el Ministerio de Trabajo del mismo país registró 5 muertes de trabajadores por calor y 264 accidentes laborales relacionados con el calor. La distancia entre una cifra modelada de miles y una cifra administrativa de un solo dígito es en sí misma una incongruencia considerable. Teniendo ese desajuste en cuenta, se puede determinar que el calor mata a trabajadores por vías que las categorías de parada cardiaca y accidente ordinario absorben, de modo que el registro oficial del daño laboral subestima el fenómeno en órdenes de magnitud, del mismo modo en que, como mostrará este reportaje, el registro oficial de emisiones omite algunas de las mayores fuentes.
Por último cabe discernir si esas muertes laborales comentadas, además de ser una negligencia y consecuencia directa de las condiciones laborales, son efecto de un cambio climático provocado por los humanos. Un estudio liderado desde ISGlobal estimó que al menos el 56 % de las cerca de 68.600 muertes del verano europeo de 2022, unas 38.000, eran atribuibles con certeza al calentamiento de origen humano. Asimismo, para la ola de calor de finales de junio de 2025, un análisis del Grantham Institute atribuyó al cambio climático alrededor de dos tercios de las muertes en exceso estimadas en un grupo de doce ciudades europeas. De esta manera, visto que las personas que pagan por el cambio climático en el ámbito laboral son aquellas que se ven obligadas a trabajar en las peores condiciones, cabe aclarar qué o quién esta detrás de ese calentamiento.
La falacia de la responsabilidad individual
En los últimos años, una parte del discurso público se ha organizado en torno a la conducta del consumidor. El aire acondicionado es uno de los casos más escuchados a lo largo de estas semanas, aunque existen ejemplos como el del reciclaje de plástico, el uso del vehículo o el concepto que engloba a todos los anteriores, “la huella de carbono personal”, —que no dejan de tener una relevancia relativa— han sido objeto de campañas propagandísticas para poner el foco en los consumidores individuales en vez de en los grandes productores. Actualmente, alrededor de una quinta parte de los hogares europeos dispone de refrigeración. Además del bombardeo de recomendaciones informales (en los medios por ejemplo) para dejar de usar o instalar aire acondicionado, en 2022, el estado español e Italia impusieron límites legales a las temperaturas de consigna del aire acondicionado en edificios, y la orientación pública en varios países recomendó ventiladores frente a la refrigeración. Existe, además, un debate en la prensa europea sobre si conviene extender el aire acondicionado a hospitales, escuelas y viviendas o restringir su uso por motivos energéticos.
La noción de una huella de carbono personal se popularizó a través de una campaña publicitaria encargada por una gran petrolera a mediados de la década de 2000. Esa empresa operaba entonces más de 18.700 estaciones de servicio, contrató a una agencia de relaciones públicas con décadas de experiencia en el sector de los hidrocarburos y desplegó un presupuesto de lanzamiento cercano a 200 millones de dólares bajo el lema del más allá del petróleo. La pieza central de la campaña fue, en 2004, una de las primeras calculadoras de huella de carbono dirigidas al gran público, que trasladó el foco de la responsabilidad desde los productores hacia los consumidores. El término se incrustó en el léxico común y fue adoptado incluso por agencias públicas.
Es ciertamente complicado establecer una comparativa absoluta en términos cuantitativos exactos de hasta qué punto influye cada una de las partes en el cambio climático, pero existen varios casos en los que de manera comparativa se pueden ver las diferencias. Uno de los ejemplos más visuales es el de la pandemia. Durante los confinamientos de 2020, cuando cientos de millones de personas dejaron de conducir y el tráfico aéreo se detuvo, y las huellas individuales cayeron a mínimos históricos, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera no descendió en términos absolutos, sino que siguió aumentando, porque la base productiva del sistema continuó emitiendo de igual manera.
El tema del reciclaje es uno de los más cuantificables. Con ello se observa que, tras contabilizar las pérdidas, solo alrededor del 9 % de los residuos plásticos del mundo termina reciclándose, según el informe Global Plastics Outlook de la OCDE de 2022. En torno al 19 % se incinera, cerca de la mitad va a vertedero controlado y alrededor del 22 % se gestiona mal, se quema al aire libre o se filtra al entorno. El plástico secundario, es decir, reciclado, representa apenas el 6 % de la materia prima. A pesar de estos datos, la producción de plástico se duplicó, de 234 millones de toneladas en 2000 a 460 millones en 2019, y el ciclo de vida del plástico supone alrededor del 3,4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, nueve décimas partes de ellas (prácticamente la totalidad) en la producción. De esta manera, se observa que el reciclaje del plástico no está ni siquiera contemplado en el 94% de las líneas de producción, y si a eso se le suma el problema de que prácticamente todas las emisiones provienen de la producción en si misma, se deduce que, a pesar de que el reciclaje correcto de plástico a nivel de persona individual contribuye ligeramente, es el modelo de producción el que tiene casi la totalidad del peso; todo ello omitiendo que comúnmente las decisiones para adoptar un mayor uso de plástico en los productos de venta en masa, tienen asociados unos criterios de pura rentabilidad económica, siendo el mayor motor de fomento de uso del plástico de un solo uso.
Aun así, el límite de la acción individual no es solo cuestión de reciclaje. El Grupo de Trabajo III del IPCC ha señalado que los cambios profundos en el comportamiento, la demanda y la dieta podrían reducir las emisiones mundiales entre un 40 % y un 70 % para 2050. Para medir cuánto de ese potencial es realmente accesible al ciudadano, el World Resources Institute evaluó once comportamientos prioritarios en energía, transporte y alimentación, con datos de intervenciones reales que abarcaron a más de 1,3 millones de personas. El resultado se puede resumir en dos cifras. Si una persona de renta alta adoptara los once cambios a la vez (el propio informe aclara que las personas de menores rentas ni contaminan tanto ni tendrían la capacidad real de adoptar todas las medidas), reduciría sus emisiones en unas 6,53 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Cuando esas personas intentan adoptarlos en el mundo real, sin un cambio paralelo en la infraestructura que las rodea, el impacto efectivo medio es de apenas 0,63 toneladas al año. Es decir, en torno al 90 % del potencial de reducción por cambio de estilo de vida queda bloqueado, y depende de decisiones estructurales de gobiernos, empresas y planificadores urbanos.
Y es que uno de los factores más diferenciadores a la hora de comparar el grado de contaminación por persona, es el de la renta. El ciudadano medio mundial genera alrededor de 6,28 toneladas al año, pero pero existe una disparidad de 2 ordenes de magnitud entre las 110 toneladas (media del 1% más rico) de las poblaciones de altas rentas y las 1,6 toneladas (media del 50% más pobre) de las de bajo ingreso. Eso supone que los ricos, solamente teniendo en cuenta las actividades personales (la producción queda fuera), contaminan 100 veces más que los pobres.
La misma investigación muestra que la cultura del “consumo verde” tiende a concentrar los esfuerzos en acciones que realmente no tienen un impacto real. Por ejemplo, compostar en casa es un ejemplo de bajo volumen de mitigación, puesto que en comparación, vivir sin coche privado es, según la modelización del propio instituto, unas 78 veces más impactante que compostar. El problema es, que el uso del coche viene claramente influenciado por la forma en la que se ordena el trabajo, y la cantidad de alternativas que existen para poder evitarlo de manera efectiva. Un estudio de la Universidad de Lund añade que renunciar al coche ahorra unas 2,4 toneladas de media, lo que supera enormemente la cantidad de ahorro de un año de reciclaje “perfecto”. Un ejemplo empírico, el de la cuota de la bicicleta en Bogotá, demuestra que no pasó del 0,58 % en 1996 al 9 % en 2017 por apelación a la conciencia, sino por una inversión material en carriles protegidos y por el programa institucional que cierra por decreto cientos de kilómetros de calzada al tráfico.
Existen más estudios que cuantifican el grado de responsabilidad de cada clase. En Estados Unidos, la generación de residuos sólidos municipales fue de 292,4 millones de toneladas en 2018, de las que unos 94 millones se reciclaron o compostaron y cerca de 146 millones fueron a vertedero. Frente a ese flujo, las instalaciones industriales del mismo país generan cada año, según los manuales de su agencia de protección ambiental, alrededor de 7.600 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos. La relación entre ambos flujos es de aproximadamente 26 a 1. Por cada kilogramo de envases o residuos orgánicos que un hogar deposita en el contenedor, el sustrato industrial que sostiene ese consumo ya ha descartado unos 26 kilogramos. Con todo ello, a pesar de que la totalidad de la población reciclase a la perfección y bajo el falso supuesto de que la infraestructura de reciclaje permitiera realizar dicho reciclaje hasta su reinyección en los ciclos productivos, esto solamente afectaría al 3,84 % del total de los residuos.
La concentración de las emisiones en las grandes fortunas
Tal y como se anticipaba la clase es uno de los elementos diferenciadores en cuanto a la cuestión climática. El 1 % más rico fue responsable en 2019 de tantas emisiones vinculadas al consumo como los aproximadamente dos tercios más pobres de la humanidad, unos cinco mil millones de personas, según el informe Climate Equality de Oxfam y el Stockholm Environment Institute. El 10 % más rico concentró alrededor de la mitad de las emisiones, y el 50 % más pobre en torno al 7,7 %. Una persona del 0,1 % más rico emite más de 800 kilogramos de dióxido de carbono al día, frente a unos 2 kilogramos de una persona de la mitad más pobre.
Desde 1990, el 0,1 % más rico aumentó su participación en las emisiones alrededor de un 32 %, mientras la mitad más pobre vio caer la suya en torno a un 3 %. Y la fuente principal de esas emisiones no es solo el estilo de vida, sino la inversión. Las carteras de inversión de unos 308 milmillonarios se asociaron a 586 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2024, más que las emisiones combinadas de 118 países. La misma investigación estima que un solo milmillonario produce, de media, alrededor de 1,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año a través de sus inversiones. Puesto en la escala de la primera parte, las emisiones anuales del 1 % más rico anulan el ahorro de casi un millón de aerogeneradores.
La concentración de las emisiones en los productores
Según la base de datos Carbon Majors, mantenida por InfluenceMap a partir del trabajo original de Richard Heede, 122 productores industriales concentran alrededor del 72 % de todo el dióxido de carbono de combustibles fósiles y cemento emitido desde 1751, unas 1.421 gigatoneladas (1.421.000.000.000.000 kg) de dióxido de carbono equivalente. Más del 70 % de ese total histórico se atribuye a solo 78 corporaciones e industrias estatales. En la ventana de consenso científico pleno, entre 1988 y 2015, cien empresas concentraron el 71 % de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero, y veinticinco de ellas, el 51 %. Las veinte mayores empresas privadas cotizadas produjeron por sí solas los combustibles que suponen cerca del 29,5 % de las emisiones globales.
La concentración, además, no cede tras el supuesto compromiso internacional, sino que se acelera a medida que la tasa de ganancia disminuye. En diciembre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París, orientado a limitar el calentamiento a 1,5 grados. En los siete años posteriores, entre 2016 y 2022, un grupo de solo 57 corporaciones de petróleo, gas, carbón y cemento fue responsable del 80 % de todas las emisiones mundiales de dióxido de carbono, unas 251 gigatoneladas. Lejos de iniciar una bajada controlada, la mayoría de las empresas monitorizadas amplió sus emisiones. En concreto, el 65 % de las compañías de propiedad estatal y el 55 % de las respaldadas por inversores privados aumentaron sus emisiones respecto a los siete años previos. El reparto de la propiedad de esas emisiones, en ese periodo, fue de un 38 % para las entidades de Estados nación, un 37 % para las corporaciones de propiedad estatal y un 25 % para las privadas. El consumo mundial de carbón alcanzó un récord de 8.300 millones de toneladas en 2022. Los mayores emisores individuales del periodo encapsulan la dinámica, con Saudi Aramco en el 4,8 % de todas las emisiones globales posteriores a París, Gazprom en el 3,3 %, Coal India y Chevron en el 3,0 %, ExxonMobil en el 2,8 % y la misma petrolera que popularizó la huella de carbono individual, BP, en el 2,2 %. Las proyecciones del Production Gap Report indican que en 2030 se producirá alrededor de un 110 % más de combustibles fósiles del que permite una senda de 1,5 grados.
El desglose por sectores del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, para el año de referencia 2019, reporta que el suministro de energía, es decir, la producción de electricidad y calor, concentró el 34 % del total de las emisiones de CO2, unas 20 gigatoneladas. La industria, en sus emisiones directas, el 24 %, unas 14 gigatoneladas. La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, el 22 %, unas 13 gigatoneladas. El transporte, el 15 %, cerca de 8,9 gigatoneladas, del que el transporte por carretera supuso alrededor de dos tercios. Y el uso directo de combustibles en los edificios, para calefacción y cocina, apenas entre el 5,6 % y el 6 %, unas 3,3 gigatoneladas. Incluso reasignando las emisiones eléctricas a sus sectores de consumo final, el bloque industrial asciende al 34 % del total mientras el conjunto de los edificios llega al 16 %. La parte sobre la que un hogar tiene agencia directa es, en términos estadísticos, una minoría frente a la producción industrial pesada, el tráfico marítimo, la fabricación de cemento y acero, la agroindustria y las centrales térmicas.
Por último, se obsreva que esa misma lógica se replica en el que está destinado a ser el eslabón crítico para la ganancia capitalista en el futuro inmediato: los mega centros de datos. Bajo la narrativa publicitaria de una economía digital "inmaterial" alojada en una nube etérea, el despliegue masivo de la inteligencia artificial y los servicios corporativos exige una infraestructura física colosal. Estas instalaciones hiperintensivas consumen electricidad a una escala que, según la Agencia Internacional de la Energía, el sector está en vías de superar los 1.050 TWh anuales, un consumo equivalente al de todo el territorio de Japón. A esto se suma el saqueo hídrico; estudios de la Universidad de California demuestran que entrenar un solo modelo algorítmico puede evaporar hasta 700.000 litros de agua dulce, y que una simple conversación de 30 preguntas con una IA cuesta medio litro de agua potable utilizada para refrigerar servidores, compitiendo directamente con el suministro de las comunidades locales. De esta manera, solamente la absurda lógica de la acumulación capitalista puede explicar que, ante la materialización de las consecuencias del cambio climático ya sucediéndose en el presente, la mayor apuesta de inversión se haga en un sector tan energéticamente demandante a costa de aumentar la dependencia (e inversión) de los combustibles fósiles tal y como lo está haciendo, sin ir más lejos, Estados Unidos.
La guerra
En última instancia, existe una fuente de emisiones en absoluto baladí, creciente y dirigida principalmente por las potencias imperialistas, que queda casi por completo fuera tanto del marco de la responsabilidad individual como del registro climático formal. La actividad militar cotidiana se estima en alrededor del 5,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según el Conflict and Environment Observatory y Scientists for Global Responsibility. Si los ejércitos del mundo fueran un solo país, ocuparían el cuarto puesto entre los emisores, por encima de Rusia, y su huella sería comparable a la de la aviación civil y el transporte marítimo combinados. La estimación tiene una incertidumbre amplia, precisamente porque los datos son escasos, y el propio 5,5 % no incluye los efectos directos del combate.
El mayor emisor institucional individual es el ejército de Estados Unidos, con una huella superior a la de 140 países. Según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 2001 superan los 1.200 millones de toneladas, equivalentes a las emisiones anuales de unos 257 millones de automóviles. Estas emisiones están en gran medida ausentes de la contabilidad climática internacional obligatoria. El Protocolo de Kioto de 1997 las eximió, y el Acuerdo de París las dejó como reporte voluntario, de modo que las cifras declaradas subestiman el total real; pero la opacidad no queda ahí. Los tres mayores presupuestos militares, los de Estados Unidos, China y Rusia, (así como muchos otros) no reportan sus emisiones militares, no las han actualizado o no las desglosan con claridad.
La tendencia, además es claramente ascendente, de manera que el gasto militar mundial alcanzó un récord de 2,7 billones de dólares en 2024, un aumento interanual del 9,4 % en términos reales, el mayor desde el final de la Guerra Fría y el décimo año consecutivo de crecimiento, según el SIPRI. Los miembros de la OTAN concentran el 55 % de ese gasto. La investigación que modela la relación entre gasto y emisiones asocia cada punto porcentual adicional de gasto militar sobre el producto con un incremento de la intensidad de carbono, y estima que el nuevo objetivo de gasto de la OTAN podría añadir del orden de 132 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
Además todo esto ni siquiera tiene en cuenta los conflictos en los que se concentran la mayor cantidad de emisiones. Por ejemplo, en los tres primeros años de la guerra en Ucrania se calcularon unos 237 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, más que las emisiones anuales combinadas de Bélgica, Austria e Irlanda, con un coste por daño climático que ya supera los 43.000 millones de dólares, según la iniciativa dedicada a la contabilidad de gases de la guerra. Cerca de una quinta parte de esas emisiones procede de los incendios provocados por los combates, con unas 850.000 hectáreas quemadas solo en 202
El capitalismo verde es un oxímoron
El crecimiento como necesidad estructural
Bajo el modo de producción capitalista, la lógica de acumulación, la forma en la que se materializa la competencia (tanto a nivel de corporación como a nivel de estado) y las tendencias intrínsecas al modo de producción como las asociadas a la tasa de ganancia, requieren de un crecimiento incesante para conseguir una estabilidad interna. Este fenómeno se puede medir empíricamente a lo largo de todos los años de la historia reciente desde los mismos inicios del capitalismo, en los cuales se ha constatado que el crecimiento económico agregado (calculado en términos económicos actuales) ha sido perseguido a toda costa, y en los momentos en los que este ha decaído, se han visto medidas desesperadas y consecuencias fatales. Llevado al terreno de este reportaje, se puede medir dicho crecimiento en términos materiales, de manera que la extracción mundial de materiales pasó de unos 30.000 millones de toneladas en 1970 a 106.600 millones en 2024, un crecimiento medio del 2,3 % anual que ha más que triplicado el flujo en cinco décadas, según la actualización de flujos globales de materiales de Schandl y colegas y el Global Resources Outlook de 2024 del Panel Internacional de Recursos. Es un crecimiento que en parte se ve amortiguado por el crecimiento demográfico global, pero incluso calculando el consumo por persona, este pasó de 8,4 a 13,2 toneladas al año en el mismo periodo. Comprimiendo la escala y trayéndola l presente, se observa que en los últimos cinco a seis años, el mundo consumió alrededor de 500.000 millones de toneladas de materiales, una cantidad próxima a la consumida durante todo el siglo XX, según el Circularity Gap Report de 2024.
Ese crecimiento, además, no muestra signos de saturación. El propio Panel Internacional de Recursos proyecta un aumento adicional del 60 % en la extracción de materiales de aquí a 2060 si las tendencias se mantienen, y la energía sigue el mismo patrón. El consumo mundial de energía primaria marcó un récord absoluto de 620 exajulios en 2023, con el consumo de combustibles fósiles en su propio máximo histórico de 505 exajulios, y el suministro total de energía volvió a crecer un 1,7 % en 2025, según los balances de la Energy Institute. La expansión compuesta del producto y del flujo físico que lo acompaña no es, por tanto, una elección de política revocable desde dentro. Es la forma que adopta el sistema cuando funciona según lo previsto, aun conociendo que la extracción y el procesamiento de esos materiales generan por sí solos más del 60 % de las emisiones que calientan el planeta y el 40 % de los impactos sanitarios de la contaminación atmosférica.
La barrera biofísica
Entrando en el terreno de lo que acotan las leyes naturales, queda claro que el crecimiento requiere más energía y más materiales, y la eficiencia puede reducir cuánto se necesita por unidad de producto, pero no hasta cero, porque los insumos no sustituibles tienen mínimos físicos insalvables.
El acero es un ejemplo claro, ya que tiene a las espaldas cientos de años de investigación para reducir el gasto energético para producirlo. Fabricar una tonelada de acero primario a partir de mineral de hierro exige entre 15 y 24 gigajulios de energía, buena parte de ellos en forma de carbón, mientras que refundir una tonelada de chatarra para producir acero secundario requiere solo entre 1,3 y 6 gigajulios, que además pueden proceder de electricidad (aunque en la práctica estos procesos nunca pueden prescindir de un porcentaje de materia prima “virgen”). La diferencia parece resolver el problema, pero no lo hace, porque la ruta limpia está acotada por la disponibilidad física de chatarra y la pureza de esta. Solo alrededor del 40 % del acero mundial es hoy secundario, y esa fracción no puede crecer sin límite, ya que la chatarra disponible depende del stock de acero que se puso en circulación décadas antes, además de que hay pérdidas en todos los procesos de síntesis, fabricación y reciclaje, que hacen que parte de este acero se deba desperdiciar, ya que es termodinámicamente imposible realizar cualquiera de estos procesos de manera perfecta.
Por otro lado, el que probablemente sea el segundo gran ejemplo por antonomasia, es el cemento. En este caso, su emisión no es solo energética, sino química, y por tanto irreducible por definición. El sector emitió alrededor de 2.400 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2023, en torno al 6,5 % del total procedente de la energía y los procesos industriales. De esa cifra, cerca del 53 % no procede del combustible quemado, sino de la reacción de calcinación misma, la descomposición de la caliza en cal, que libera unos 0,5 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de clínker producido. Esa fracción está fijada por la estequiometría de la reacción y ningún cambio de combustible ni ninguna mejora de eficiencia la elimina. Fabricar una tonelada de cemento libera entre 0,8 y 0,95 toneladas de dióxido de carbono (en el mejor de los casos), y el corazón de esa cifra es intocable con la tecnología existente.
Estos dos ejemplos representan dos de los procesos más importantes de toda la historia de la producción capitalista, pero lo que aquí sucede se puede extrapolar, con mecanismos más o menos complicados, a prácticamente la totalidad de los procesos productivos. De esta forma, la conclusión de Ward y su grupo en 2016, que analizan el fenómeno a una escala mayor, se generaliza para deducir que el flujo agregado es el producto multiplicado por la intensidad material, y ese flujo solo desciende si la intensidad cae más deprisa de lo que crece el producto, de forma permanente y a escala global.
La ganancia va inherentemente asociada a la contaminación
Otra forma en la que la literatura trata de aclarar es si existe ya algún caso empírico en el que la ganancia capitalista no se correlacione directamente con el aumento de las emisiones. El estudio de Vogel y Hickel publicado en 2023 en The Lancet Planetary Health tomó los únicos once países de renta alta que sí habían logrado reducir sus emisiones mientras crecía su PIB (una pérdida de correlación ligera, no absoluta, además de que en muchos de los casos se observa una previa externalización de la producción), y calculó cuánto tardarían en descarbonizarse al ritmo que realmente habían alcanzado. El resultado es que, manteniendo el ritmo de reducción de 2013 a 2019, esos países tardarían más de 220 años en recortar sus emisiones un 95 %, muy lejos del horizonte de mediados de siglo que exige el presupuesto de carbono. Para cumplir el objetivo de 1,5 grados, países como Bélgica, Australia, Austria, Canadá y Alemania tendrían que reducir sus emisiones más de treinta veces más rápido de lo que lo hicieron en ese periodo, y además no solo tendrian que hacerlo estos, sino que las nuevas potencias idustriales como India, la cual ha absorbido gran parte de la industria del mundo en los últimos años, también deberian reducir al mismo ritmo. Incluso el objetivo menos ambicioso y más peligroso de 1,7 grados exigiría acelerar la reducción media anual en torno a ocho veces, demostrando que a pesar de que puede haber variaciones locales, la correlación sigue siendo fuertemente dominante.
Otra revisión de 179 estudios, de Vadén et al. en 2020, no encontró evidencia significativa de un desacoplamiento del uso de recursos a escala nacional e internacional; una revisión bibliométrica de 835 artículos, de Wiedenhofer, Haberl et al. ese mismo año, confirmó la insuficiencia de la evidencia; y el informe Decoupling Debunked, coordinado por Timothée Parrique para la European Environmental Bureau en 2019, tampoco halló un desacoplamiento, permanente, global y mucho menos uno que fuera suficientemente rápido.
Conviene examinar el caso que más se cita como prueba de lo contrario, la reducción territorial de emisiones en economías desarrolladas del Norte, ya que se ve reforzado el argumento de la externalización. Por ejemplo, Euskadi, una de las comunidades de mayor inversión en políticas verdes, y una de las más industrializadas del estado español, declara una reducción de sus emisiones territoriales de gases de efecto invernadero de entre el 33 % y el 38 % desde el año base de 2005, con una caída desde más de 25.463 kilotoneladas en 2005 hasta unas 15.848 estimadas para 2024, mientras su producto seguía creciendo. Sin embargo, el propio desglose sectorial oficial atribuye el grueso de la caída no a un cambio de paradigma en el consumo, sino a fluctuaciones del mercado energético. La diferencia entre 2022 y 2023, cercana a 1,5 millones de toneladas, procede en lo esencial del sector de generación eléctrica, con un desplome del 26 % ligado a la menor producción de ciclo combinado para exportación y al retorno a la normalidad tras el choque de precios de 2022. Cuando se reasigna la electricidad a los sectores que la consumen, la industria por sí sola concentra alrededor del 31 % del inventario. Y una parte de la reducción territorial refleja la deslocalización de la producción. Medidas por el consumo, incorporando el carbono incrustado en los bienes importados desde las cadenas de suministro deslocalizadas hacia Asia, buena parte de las reducciones del Norte se atenúan o desaparecen, de manera que incluso los reportes oficiales mencionan que el desacoplamiento territorial encubre, en esa medida, una transferencia geográfica del flujo de emisiones.
La evidencia científica también dice que la eficiencia tampoco reduce las emisiones. Abaratar el coste efectivo de un recurso o una mercancía, en la práctica, se ha visto que es un mecanismo para acaparar una mayor cuota de mercado produciendo todavía más, de modo que el ahorro se ha recapturado, por lo general, como expansión (de hecho el freno muchas veces lo pone la falta de rentabilidad y las correcciones provenientes de la sobreproducción en vez de verse una regulación suave). Es la observación que William Stanley Jevons formuló en 1865 al estudiar el carbón, y que la literatura moderna ha constatado para los años posteriores. La Agencia Internacional de la Energía y el IPCC sitúan este efecto rebote global por encima del 50 %, lo que significa que al menos la mitad de cualquier mejora de la productividad se traduce en más producción en lugar de traducirse en menos emisiones.
En cuanto a la energía renovable, la historia reciente demuestra que, salvo en excepciones locales, no hay una transición desde las fuentes tradicionales hacia las renovables, sino que estas cubren la demanda adicional que no cesa ni proyecta hacerlo. La prueba está en los agregados. En 2024, la generación eólica y solar creció un 16 %, nueve veces más deprisa que la demanda total de energía, y aun así el consumo mundial de combustibles fósiles no cayó, sino que aumentó algo más del 1 %, según la Energy Institute. Los combustibles fósiles seguían suponiendo alrededor del 80 % de la energía primaria mundial, una cuota que lleva años prácticamente estancada, y frente a un 7,3 % de las renovables. Además, a pesar de que China haya revertido por primera vez el aumento de la instalación de fósiles, Estados Unidos plantea una hoja de ruta en la que prevé invertir más de 50.000 millones de dólares en carbón y gas en 2026, unos 3.000 millones más que China, superándola por primera vez en décadas. En 2025 todas las fuentes de energía crecieron a la vez, incluido el carbón, y las emisiones de dióxido de carbono del sistema energético subieron un 1,1 % hasta 35.800 millones de toneladas. La transición ha sido, hasta ahora y a escala global, una adición y no una sustitución.
La rentabilidad como criterio único
Uno de los mayores argumentos por los que el capitalismo no puede ser modificado a placer, es la prevalencia de la rentabilidad o la acumulación, por encima de todo criterio que se quiera imponer, por muy marcada que sea la voluntad de hacerlo. La energía solar y eólica a gran escala son ya las fuentes más baratas de generación nueva, pero el capital no se moviliza siempre por el bajo coste de una tecnología, sino por su rendimiento, y ahí la renovable presenta un reverso interesante. Incluso en los casos en los que una mejora física es posible, como por ejemplo algunos momentos concretos en ciertos países europeos, se han reportado momentos en los que los precios de la electricidad cercanos a 0 o incluso con valores negativos (con un excedente de la red del cual hay que deshacerse ya que de lo contrario acabaría saturándola), los cuales no interesan a las grandes eléctricas ya que recortan los beneficios de las energéticas.
Durante los primeros ocho meses de 2024, los precios mayoristas europeos cayeron por debajo de cero durante 7.841 horas, un récord, con episodios por debajo de 20 euros negativos por megavatio hora. El estado español, que no permitió precios negativos hasta 2023, registró 769 horas de precio negativo en 2024, y pasó alrededor del 22 % de ese año con precios muy bajos por efecto de la canibalización. Un activo solar típico vio caer en torno a una cuarta parte de su producción de enero a agosto en horas de precio cero o negativo. Finlandia pasó de 11 horas de precio nulo o negativo en 2020 a más de 650 en 2024. En Alemania, el precio de captura de la fotovoltaica se quedó en unos 47 euros por megavatio hora en 2024, por debajo del mayorista medio. Y la tendencia se ha acelerado. En el primer trimestre de 2026, los mercados diarios de la Unión Europea acumularon 1.223 horas por debajo de cero, más del doble de las 593 del mismo trimestre de 2025 y más de diez veces las 119 de 2022, con el estado español concentrando 347 de ellas.
De ahí surge lo que la literatura llama el “problema del dinero que falta”. Para movilizar los billones de dólares de inversión privada que requiere la transición, las instituciones financieras exigen estabilidad de precios a largo plazo, bajo riesgo y rendimientos garantizados, y los mercados al contado, con sus horas de precio negativo, no los ofrecen. La consecuencia es que la expansión renovable ha dependido de una intervención estatal masiva, con créditos fiscales, tarifas garantizadas y contratos por diferencia que fabrican de forma artificial un margen de beneficio para el capital privado a costa de los presupuestos públicos. Con todo ello, a pesar de que de momento no es el factor predominante, también se observa que, en parte, la transición energética se retrasa porque la estabilización del clima o incluso la accesibilidad de la energía para todas las personas, queda subordinada a la exigencia de rentabilidad.
La competencia interimperialista
De la mano de la obligatoriedad de las diferentes corporaciones a seguir las reglas del juego del capitalismo comentadas en el apartado previo, cabe plantearse la pregunta de por qué a escala estatal no hay dinámicas que se le opongan. La respuesta es que la contención unilateral es autodestructiva bajo la competencia, y que la competencia se extiende del mercado a la rivalidad entre grandes potencias, hasta tomar la forma de competencia interimperialista en la fase actual. Sin ir más lejos, la producción fósil se expandió tras el Acuerdo de París pese a los compromisos tomados por los 195 países participantes, y las proyecciones del Production Gap Report indican que en 2030 se producirá alrededor de un 110 % más de combustibles fósiles. El gasto militar mundial batió récords, con unos 2,7 billones de dólares en 2024, según el SIPRI. Y la ambición climática se ha diluido bajo presión competitiva, hasta el punto de que, durante la propia ola de calor de junio de 2026, una comisaria europea atribuyó el bloqueo de la política verde de la Unión a intereses fósiles. Ningún actor puede restringir sus emisiones sin pérdida competitiva tal y como se demostraba en los trabajos citados en el apartado de la correlación entre ganancia y contaminación, de modo que la restricción no puede ser simplemente un acto voluntario.
El Norte construye a la vez instrumentos para expandir los mercados al Sur y barreras para protegerse y seguir extrayendo valor mediante el intercambio desigual. Del lado de la apertura, la asociación para una transición energética justa de Sudáfrica, de 8.500 millones de dólares, compuesta en su mayor parte por préstamos, se condicionó a la fragmentación de la empresa pública de electricidad en entidades separadas, un diseño orientado a abrir un espacio de mercado rentable para productores privados. Del lado de la protección, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, que entra en su fase vinculante en 2026, aplica un arancel sobre el carbono incorporado en las importaciones de acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Proyectado sobre la India, segundo productor mundial de acero, afecta a alrededor del 27 % de sus exportaciones de acero a la Unión, concentradas en el estado de Odisha, cuya siderurgia depende del alto horno de carbón. La medida (entre otras) penaliza incluso la posible ganancia e inversiones, no dando ni siquiera opción a una descarbonización parcial en claves capitalistas.
La red renovable, el almacenamiento y la movilidad eléctrica, además, requieren una expansión sin precedentes en la extracción de litio, cobalto, níquel, cobre y tierras raras, y como la circularidad perfecta es físicamente imposible, esa demanda no puede cubrirse con material secundario. Indonesia, que posee las mayores reservas de niquel, prohibió la exportación de mineral en bruto en 2020 para forzar el procesamiento interno, y el valor de sus exportaciones de níquel pasó de menos de 5.000 millones de dólares en 2015 a más de 33.000 millones en 2023. Pero los segmentos de mayor valor de la cadena, que superan el 70 % del plusvalor, siguen controlados por el capital del Norte y el Chino, y más de dos tercios de las fundiciones son de propiedad extranjera. Indonesia queda fijada así en el eslabón de menor margen y mayor intensidad energética, el de la fundición, que además se alimenta en un 72 % de centrales de carbón cautivas y en un 10 % de diésel. Para suministrar al Norte los minerales que reducen sus emisiones locales, Indonesia expande su propio consumo de carbón, y se proyecta que entre 2024 y 2029 mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 6%.
La falacia de la economía circular
Ya ha quedado patente que las tendencias del capitalismo son las que entre otros factores no permiten que exista una disminución de la contaminación, y por último queda por comprobar si lo que llaman economía circular puede aportar alguna mejora o no. Los informes Circularity Gap, elaborados por Circle Economy y Deloitte, organizaciones que promueven la economía circular, lo que otorga peso a unas conclusiones que van en contra de sus propios objetivos, muestran que la circularidad global ha caído, no subido. Pasó del 9,1 % en 2018 al 7,2 % en 2023 y a alrededor del 6,9 % en el informe de 2025. La razón es que el flujo de materiales crece más deprisa que la recuperación de materiales secundarios, al igual que lo hace la demanda energética. Simplemente, de los aproximadamente 100.000 a 106.000 millones de toneladas de materiales que la economía mundial usa cada año, solo cerca del 7 % es material secundario.
Pero en este aspecto también toma parte el argumento físico. Aun reciclando todo el material reciclable, sin reducir la magnitud de la producción, la circularidad global solo subiría hasta alrededor del 25 %, según el informe de 2025. Además, los materiales se dispersan en usos que impiden su recuperación, como el zinc que se desprende del desgaste de los neumáticos, el dióxido de titanio que se pierde en el envejecimiento de las pinturas, o el fósforo y el nitrógeno que se disipan en suelos y aguas, y la recuperación consume energía y genera pérdidas en caso de hacerse, lo que deja algunas industrias condenadas a una tasa de circularidad prácticamente nula. Por ejemplo, la industria textil mundial opera en torno al 0,3 % de circularidad, con alrededor del 99 % de insumo virgen.
En definitiva, la última actualización del marco de los límites planetarios —publicada por Richardson y su equipo en Science Advances en 2023— confirma que ya hemos sobrepasado seis de los nueve límites que mantienen a la Tierra en un estado estable: el cambio climático, la pérdida de integridad de la biosfera, el cambio en el uso del suelo, la alteración del agua dulce, el exceso de nitrógeno y fósforo en el ambiente, y la contaminación por sustancias sintéticas o "entidades novedosas". Un séptimo límite, la acidificación de los océanos, está a punto de cruzarse también. A esto se suma el dato de que la proporción de la producción vegetal del planeta que la humanidad usa o altera para su propio beneficio ha crecido de forma notable, pasando de aproximadamente el 15,7 % en 1950 al 23,5 % en 2020. Y así, cerrando el círculo con lo planteado al inicio de este reportaje, 2024 se confirmó como el primer año natural en el que la temperatura media global superó los 1,5 grados.
Conclusión
Dada una necesidad estructural de crecimiento, dado un acoplamiento de la ganancia con la contaminación que ni la eficiencia ni la tan anunciada circularidad pueden romper, dada una estructura de mercado que hace poco rentable la propia reparación ecológica en algunos de los casos, dada una competencia imperialista que prácticamente externaliza al sur global las emisiones que se "ahorran" en el norte —el cual, a su vez, en pos de mantener sus beneficios, sigue contaminando con la guerra—, el sistema capitalista, con la burguesía como abanderada, está abocado a destruir los ecosistemas de manera cada vez más acelerada.. El obstáculo para un capitalismo sostenible se localiza en la constitución del sistema en sí mismo, y no en una carencia de tecnología o de voluntad pública o individual.
Se observa en la actualidad que los efectos derivados del cambio climático llegan, en algunos casos, más rápido de lo esperado, y ya generan pérdidas humanas, materiales e incluso económicas; pero con la rentabilidad por norma, las mayores inversiones del futuro cercano se hacen en una industria enormemente demandante en cuanto al gasto energético y de materiales se refiere, además de que entre la reacción se alzan las voces negacionistas que allanan el terreno a la más pura lógica de la acumulación. Y a pesar de ello, hasta en el caso de que fuera mayoritaria, no hay voluntad individual que revierta la tendencia agregada si no viene de la mano de un cambio del sistema productivo, que permita planificar de manera real sobre criterios objetivos y de interés común.
Fuentes de interés
Energy Institute. (2025). Statistical Review of World Energy 2025 (75th ed.). Energy Institute. https://www.energyinst.org/statistical-review
International Resource Panel (UNEP). (2024). Global Resources Outlook 2024: Bend the trend - Pathways to a liveable planet as resource use spikes. United Nations Environment Programme. https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024
Vogel, J., & Hickel, J. (2023). Is green growth happening? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO₂–GDP decoupling in high-income countries. The Lancet Planetary Health, 7(9), e759–e769. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00174-2
Schandl, H., West, J., Wouters, A. P., & Kaur-Bhati, K. (2024). Global material flows and resource productivity: The 2024 update. Journal of Industrial Ecology, 28(6), 1419–1434. https://doi.org/10.1111/jiec.13593
Gabor, D. (2021). The Wall Street consensus. Development and Change, 52(2), 429–459. https://doi.org/10.1111/dech.12570
