El negacionismo del cambio climático en la ultraderecha

Las elecciones europeas de 2024 arrojaron la mayor cuota de la historia para las formaciones de extrema derecha, con el 27 % de los escaños, esto es, 191 de los 720 del Parlamento, repartidos entre tres grupos que sumados superan a los dos mayores por separado, los Conservadores y Reformistas —que agrupan a Hermanos de Italia, al partido polaco Ley y Justicia y a Vox—, los Patriotas por Europa —cuya mayor delegación es la del Reagrupamiento Nacional francés, con veintinueve eurodiputados— y Europa de las Naciones Soberanas, con la Alternativa para Alemania como núcleo. Consolidada esa posición, el discurso se ha desplazado de la negación abierta de la ciencia hacia la obstrucción sistemática de las políticas.

La Alternativa para Alemania recogió en su programa europeo de 2024 la voluntad de derogar toda la legislación climática nacional y comunitaria y de detener el Pacto Verde, el Reagrupamiento Nacional presenta la acción climática de Bruselas como una ecología punitiva impuesta desde arriba, y una estrategia recurrente consiste en desviar la atención hacia las emisiones ajenas, contraponiendo la reducción del 33,9 % de los gases de efecto invernadero de la Unión desde 1990 al aumento próximo al 300 % de China en ese mismo periodo para justificar el propio retroceso. Esa influencia ya se traduce en procedimiento, de modo que en julio de 2025 los Patriotas se hicieron con la ponencia del objetivo climático de 2040 y la encomendaron a un eurodiputado que con anterioridad había recomendado retirar el expediente por completo.

El desmontaje normativo

El paquete de normas aprobado en noviembre de 2025 con los votos de la derecha moderada y de la radical, integrado en el conjunto de medidas conocido como Omnibus, deja fuera del alcance de la directiva de información de sostenibilidad corporativa en torno al 80 %, y según algunas estimaciones hasta el 90 %, de las empresas antes obligadas, al elevar el umbral a compañías de más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, y reduce alrededor del 70 % las sujetas a la directiva de diligencia debida, cuyo umbral pasa a 5.000 empleados y 1.500 millones, a la vez que suprime la obligación de adoptar un plan de transición climática, elimina el régimen europeo de responsabilidad y limita las sanciones al 3 % de la facturación mundial.

En la misma dirección, el Consejo Europeo de octubre de 2025 diluyó el objetivo de recortar las emisiones un 90 % para 2040 y aplazó de 2027 a 2028 la entrada en vigor del segundo mercado de derechos de emisión, mientras que un año antes el aplazamiento del reglamento contra la deforestación se había convertido en la primera gran decisión ambiental aprobada con el apoyo de la derecha radical. El patrón se reproduce en la escala estatal, ya que en el Estado español los gobiernos autonómicos de coalición entre el Partido Popular y Vox, presentes en cinco de las diecisiete comunidades y con frecuencia al frente de las carteras de agricultura o medio ambiente, han recortado presupuestos de acción climática, suprimido zonas de bajas emisiones y retirado carriles bici, y Vox se opone a la instalación de proyectos renovables sobre suelo agrícola.

Estados Unidos

El caso de mayor magnitud es el estadounidense. A lo largo de 2025 la Agencia de Protección Ambiental desmanteló la arquitectura regulatoria del clima hasta culminar en la derogación del dictamen de peligrosidad de 2009 —el fundamento jurídico de toda la regulación federal de gases de efecto invernadero, presentado por el propio administrador de la agencia como el mayor acto de desregulación de la historia del país—, y el 27 de enero de 2026 el país se retiró por segunda vez del Acuerdo de París, con lo que el mayor emisor histórico del planeta quedó junto a Irán, Libia y Yemen como única nación ajena al pacto, además de anunciar su salida de la propia Convención Marco de las Naciones Unidas.

En el plano material, una orden ejecutiva de enero abrió al petróleo trece millones de hectáreas en Alaska y reabrió tanto el Refugio Ártico como los veintitrés millones de hectáreas de la Reserva Nacional de Petróleo, la ley presupuestaria anuló las sanciones por incumplir los estándares de eficiencia de los vehículos —dejando al país prácticamente sin norma al respecto—, se cancelaron 20.000 millones de dólares de un fondo de inversión en energía limpia, se destinaron 982 millones de dinero público a compensar a una compañía por cancelar proyectos eólicos marinos y reorientar esos fondos hacia el gas y el petróleo, y se eliminó el crédito fiscal a los vehículos eléctricos.

La otra cara de la moneda

Superpuesta a esa retirada aparece la segunda serie de cifras. En un encuentro celebrado en abril de 2024, el entonces candidato solicitó a los ejecutivos del sector de los hidrocarburos que reunieran 1.000 millones de dólares para su campaña, describiendo la cantidad como un buen negocio a la vista de los impuestos y las regulaciones que se ahorrarían; la industria respondió aportando al menos 75 millones a la campaña y a los comités afines, lo que la convirtió en su mayor respaldo corporativo, a los que se sumaron 11,8 millones para la investidura y una contribución total del sector cercana a los 219 millones para elegir al nuevo gobierno, de la que el 88 % fue a parar a legisladores de un solo partido.

El retorno no tardó en llegar, puesto que la ley insignia de la legislatura concede unos 18.000 millones de dólares en incentivos fiscales a las empresas de petróleo y gas mientras retira los de las alternativas limpias, y el patrimonio conjunto de los quince mayores milmillonarios del sector creció en más de 40.000 millones, un 15,2 %, desde abril de 2024. A escala mundial, y con independencia de la orientación de cada gobierno, las subvenciones a los combustibles fósiles alcanzaron en 2024 los 7,4 billones de dólares, el 6,4 % del producto mundial, de los que 725.000 millones corresponden a apoyos fiscales directos.