Movimiento de Vivienda

Cuatro personas han sido citadas a declarar por la Policía Nacional un mes después de la marcha convocada en Madrid contra el negocio de la vivienda. Varias organizaciones denuncian apuntan a un montaje policial y llaman a reforzar la organización.

La Fiscalía solicita 35 años de prisión y 180.000 euros en multas para 21 personas que participaron en una protesta contra un desahucio en 2021; varios colectivos se han concentrado ante los juzgados de Barcelona para denunciar el “caso de represión más amplio" contra el movimiento de vivienda.

Colectivos de vivienda, antirracistas, trabajadores sociales, organizaciones juveniles y la nueva Plataforma de Bomberos contra los Desahucios se suman a la convocatoria del 5 de abril.

El movimiento de vivienda convoca protestas contra el negocio inmobiliario y por un acceso universal a la vivienda en 40 ciudades del Estado español.

El desalojo afecta a dos vecinas del edificio de la calle Cadete Julio Llompart, recuperado en 2013 por la PAH.

La Policía Local de Palma intervino en un local del barrio de Pere Garau, lo que derivó en la detención de dos militantes del Sindicat d’Habitatge de Palma y la identificación de varias personas.

La entidad pública ejecuta el desalojo en el bloque de la calle El Yesero 10, sin negociación previa y con el despliegue de la Policía Nacional española.

Abanca ejecuta el desahucio de una familia en el Barrio España tras la disolución forzosa del piquete del Sindicato de Vivienda de Valladolid por parte de la policía.

Ha organizado una manifestación en Donostia, en el marco del llamamiento realizado por el movimiento de vivienda en otros territorios.