La asociación SOS Desaparecidos ha anunciado acciones judiciales contra el Gobierno español, la Generalitat Valenciana y otras administraciones responsables por las “negligencias, omisión del deber e imprudencia” en la gestión de la última DANA, que afectó gravemente al Paìs Valenciá el pasado 29 de octubre. La organización acusa a las autoridades de no haber alertado con antelación del peligro, lo que habría contribuido a la muerte de 222 personas y la desaparición de otras 4.
Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, denunció en declaraciones a RNE que las víctimas fallecieron en circunstancias evitables, como las riadas que inundaron garajes “donde ni siquiera había llovido”. Según explicó, la asociación comenzó a recibir miles de llamadas desde el primer momento, reflejo del colapso de los sistemas de emergencias: “El 112 no funcionaba y las familias estaban desesperadas”. Amills subrayó que los avisos llegaron con retraso y que las primeras alertas no se emitieron hasta las 20:15 horas, cuando algunas de las muertes se produjeron horas antes, a las 18:00.
La asociación ha creado un equipo técnico compuesto por abogados, expertos en emergencias y peritos judiciales para emprender las acciones legales correspondientes. “No buscamos ningún rendimiento económico, queremos justicia”, afirmó Amills, quien añadió que la demanda se dirige contra “todos aquellos que tenían la responsabilidad de alertar a la población y coordinar el dispositivo de prevención”. A la iniciativa se han sumado, por el momento, 24 familias de fallecidos, aunque se espera que otras puedan unirse en el futuro.
En un comunicado, SOS Desaparecidos criticó además la actuación política tras la tragedia, acusando a los responsables de “improvisar” y de recurrir a disputas partidistas en lugar de cumplir con protocolos establecidos: “No es cuestión de intuición política, existen leyes y procedimientos que deben aplicarse”. Amills comparó la situación en Valencia con la respuesta en Andalucía apenas unos días después, donde, según él, “los sistemas sí funcionaron de forma eficaz”.
La asociación concluyó subrayando la necesidad de localizar a las cuatro personas desaparecidas y reclamando respeto a las familias afectadas. En este sentido, criticó la celebración de una misa pública sin el consentimiento de los allegados, quienes han solicitado una ceremonia íntima una vez finalicen las labores de búsqueda.
