El proceso legislativo para la reducción de jornada laboral en el Estado español, impulsado por el pacto entre PSOE y Sumar, enfrenta retrasos significativos. Esto se debe a que, según indican fuentes gubernamentales a El País, un bloqueo por parte del Ministerio de Economía, que estaría demorando su inclusión en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
Este obstáculo, que el Ministerio de Economía niega en RTVE, impediría que la medida avance con la urgencia requerida por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. La medida busca reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas en 2025, pero todos los sectores del Gobierno no están de acuerdo, ni tampoco cuenta con el respaldo de la CEOE y las confederaciones de pymes.
El desacuerdo entre los ministerios es palpable: mientras Trabajo insiste en cumplir con el acuerdo pactado con los sindicatos, Economía aboga por un enfoque más gradual, buscando un análisis más profundo “debido a las implicaciones económicas”. A pesar de las tensiones, el Ministerio de Economía sostiene que “está comprometido con la reducción de jornada”, aunque las discrepancias internas han escalado, especialmente tras las recientes declaraciones de Díaz, quien acusó al Ministerio de Economía de bloquear la medida por escrito.
La demora en la tramitación pone en riesgo el cumplimiento del plazo establecido en el acuerdo de Gobierno de Pedro Sánchez. Con la aprobación de la medida aún pendiente, Moncloa deberá enfrentarse a un complicado proceso en el Parlamento, donde la oposición podría dificultar su avance. La situación demuestra, una vez más, las tensiones latentes dentro del Ejecutivo, mientras Sánchez trata de equilibrar las promesas políticas con la viabilidad económica y legislativa de la reducción de jornada.
