La Audiencia Nacional española impuso en 2022 una condena de 24 años de prisión a la presa política Iratxe Sorzabal, vinculándola a dos acciones de ETA en 1996. Sin embargo, Sorzabal presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, donde explicó que la Guardia Civil la torturó durante su detención y la obligó en dos ocasiones, contra su voluntad, a declarar según sus exigencias. El Supremo rechazó el recurso y confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional, y ahora parece que el Tribunal Constitucional ha tomado la misma decisión: también ha rechazado el recurso presentado por Sorzabal ante esta instancia.
En 2022, al comunicar la sentencia contra Sorzabal, la Audiencia Nacional afirmó que no quedó “plenamente acreditado” que hubiera sufrido torturas. La Guardia Civil la detuvo en 2001 en Hernani (Gipuzkoa) y fue sometida a diversas torturas, entre ellas el uso de electrodos en su contra, como muestran claramente las imágenes difundidas. También sufrió abusos sexuales. Sorzabal declaró ante el tribunal que se vio obligada a declararse culpable debido a las torturas.
El tribunal admitió que existían al menos diez fotografías de las marcas en el cuerpo de Sorzabal, analizadas por el director del Instituto Anatómico Forense de Madrid. Su conclusión fue que se observaban “algunas manchas de color oscuro”, pero que era “imposible” determinar “cuál era su origen”. No obstante, sostuvo una hipótesis poco creíble: sugirió que las marcas eran consecuencia de una “dermatitis” que estaría “en proceso de secado”.