El 25 de febrero, la Guardia Urbana de Barcelona llevó a cabo una operación en un club del Eixample, donde más de una decena de agentes registraron a todos los presentes en busca de drogas, manteniendo el local intervenido durante más de dos horas. El Ayuntamiento justificó la intervención como una “inspección administrativa rutinaria” basada en quejas vecinales, resultando en una detención y cuatro infracciones registradas.
Público reportó que diversas personas de la comunidad LGTBIQ+ han denunciado detenciones arbitrarias y cacheos humillantes en varios espacios, bajo el pretexto de “combatir el narcotráfico y el chemsex“. Estas acciones han sido denunciadas como una forma de disciplinamiento y criminalización de prácticas culturales del colectivo.
Organizaciones como el Observatori contra l’LGTBIfòbia y el Movimiento Marika de Madrid, que alertan sobre “la estigmatización y criminalización de espacios y prácticas de la comunidad LGTBIQ+”. Ambas instancias han instado a las autoridades a revisar y abordar estas intervenciones, solicitando medidas “que garanticen el respeto y la protección de los derechos del colectivo”.