La Generalitat de Catalunya suprimirá la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y creará un nuevo organismo enfocado a la “prevención y protección de menores”, según ha anunciado este lunes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
Martínez Bravo explica que esta reforma responde a “un sistema colapsado, sin planificación estratégica, con sistemas tecnológicos obsoletos y escasa coordinación entre centros de acogida y territorio”, y busca evitar la repetición de casos graves, como el de una niña víctima de una red de pederastas entre 2020 y 2021.
La reestructuración, que incluye dos subdirecciones generales, una oficina de control de gestión y una unidad específica para seguimiento de incidencias, se produce en un contexto de presión política y social tras denuncias públicas y una investigación de la Oficina Antifraude de Catalunya por posibles irregularidades en ayudas a jóvenes extutelados.
Los datos oficiales presentados por la Conselleria reflejan un aumento significativo en la atención a menores y jóvenes: de 8.563 atendidos en 2016 a 14.668 en 2025, con un crecimiento notable de mayores de edad bajo tutela, de 1.636 a 5.801, y de menores tutelados, de 6.927 a 8.867.
Para hacer frente a esta demanda creciente y a las carencias detectadas, la reforma contempla la contratación de 300 profesionales hasta 2027, de los cuales 243 se incorporarán a los equipos de atención a la infancia y adolescencia (EAIA).
Además, se reorganizan competencias: las prestaciones económicas pasarán a gestionarse desde la dirección general de Prestacions Socials y las plazas de acogida desde la de Provisió de Serveis.
Esta reestructuración busca, según recoge La Vanguardia de declaraciones de Martínez Bravo, “intervenir de forma temprana para evitar que situaciones de riesgo desemboquen en desamparo”.
No obstante, la reforma ha generado demandas de “mayor transparencia y control”. Diversos grupos parlamentarios han solicitado comisiones de investigación para esclarecer responsabilidades en la gestión de la DGAIA, mientras que organizaciones sociales reclaman “garantías para que los menores no queden desprotegidos durante la transición”.
La Conselleria también ha anunciado una nueva línea de colaboración con cuerpos policiales para abordar riesgos vinculados al uso de redes sociales y un plan específico para “mejorar las garantías legales de los menores en procesos de desamparo”.
La complejidad del sistema y la magnitud de los problemas internos apuntan a que la reforma será un proceso lento y altamente burocratizado.
