Varias militares han denunciado ante eldiario.es un prolongado historial de acoso en una unidad del cuartel de San Fernando de Zaragoza. Entre los testimonios recogidos, destacan los de Débora y Ana, quienes relatan haber sufrido agresiones verbales, humillaciones públicas y represalias tras denunciar abusos.
Según la información publicada por eldiario.es el 2 de junio, al menos tres mujeres han abandonado la unidad o recibido incapacidad psicológica tras enfrentarse a esta situación.
Las denuncias apuntan a la pasividad de la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) del Ministerio de Defensa, cuyo objetivo, según su página oficial, es “garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”.
Débora, una de las afectadas, asegura que el acoso se intensificó tras la condena por abuso de autoridad —no por abuso sexual— contra un brigada que la agredió durante un curso en Barcelona en 2012. “Cuando se conoció la sentencia en mi unidad, comenzó mi pesadilla”, afirma.
A partir de entonces, señala haber sido víctima de insultos, aislamiento y violencia simbólica, incluso durante dos embarazos. Según cuenta, llegó a intentar suicidarse varias veces.
Ana, otra militar destinada en la misma unidad, confirma los hechos: “Estuve ocho años sufriendo un acoso continuo. Me quedé físicamente consumida, en los huesos”, declara. Ambas detallan múltiples actos de hostigamiento: escupitajos, bulos sobre su vida privada, sabotajes físicos y amenazas verbales, algunos de ellos denunciados ante la Policía Nacional española.
El Ministerio de Defensa español no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por eldiario.es sobre estos casos. Un cabo primero de la misma unidad admite que ese tipo de trato era “la praxis habitual” y “lamenta” la falta de mecanismos eficaces de protección.
Según afirma, “lo más fácil es barrer la basura debajo de la alfombra”. Otra soldado, que dejó el Ejército tras seis meses, también se ha referido al “ambiente tóxico” generado por algunos mandos.
Los testimonios recabados cuestionan el funcionamiento efectivo de la UPA y del Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres, a los que acusan de no actuar en casos no tipificados estrictamente como acoso sexual.
