El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dictado este lunes un auto de procedimiento abreviado en el que propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico remitido por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía en el marco de una causa por fraude fiscal.
Según el auto, Hurtado sostiene que “cabe presumir que García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” y “aprovechando la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024”.
La investigación, abierta en octubre de 2024, se centra en la supuesta filtración a los medios de comunicación de ese correo, en el que la defensa de González Amador proponía un acuerdo de conformidad con el ministerio público, reconociendo la comisión de dos delitos fiscales y ofreciendo el pago de una multa para evitar la cárcel.
El auto también implica a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien envió el correo al fiscal general la noche del 13 de marzo de 2024.
El juez, sin embargo, reconoce que no ha podido recabar pruebas directas de que García Ortiz remitiera el correo a los medios, y señala que el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil tras la apertura de la causa, lo que ha impedido acceder a sus comunicaciones de esa noche.
Imputación inédita
Este paso procesal sitúa a García Ortiz al borde del banquillo, siendo la primera vez en la democracia española que un fiscal general del Estado afronta juicio por un presunto delito de revelación de secretos.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la suspensión de empleo y sueldo para fiscales procesados, aunque, según fuentes fiscales consultadas por El País, esta medida “no se aplica a García Ortiz por encontrarse en servicios especiales durante su mandato”.
