Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han anunciado este martes la convocatoria de una huelga de tres días, prevista para el 1, 2 y 3 de julio, si el Gobierno español no retira los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal.
Antes de la huelga, han convocado una concentración el sábado 28 de junio frente al Tribunal Supremo en Madrid, “abierta a operadores jurídicos y ciudadanía”, según han comunicado las propias asociaciones y recogen agencias como EFE y RTVE.
En su comunicado, las asociaciones firmantes argumentan que las reformas “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal”, y sostienen que las medidas “incrementan los riesgos de politización” y “no contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia”.
Las asociaciones subrayan que la decisión de convocar la huelga se ha adoptado tras consultar a sus bases, con un respaldo superior al 80% entre los afiliados, y tras el paro simbólico de diez minutos celebrado el pasado 11 de junio, que, según los convocantes, tuvo un seguimiento superior al 70% en todo el Estado.
El Gobierno español defiende que las reformas buscan “modernizar el sistema judicial” y “adaptar el modelo de instrucción penal”, trasladando parte de las competencias de los jueces a los fiscales, y sostiene que “el proceso legislativo está abierto al debate y a la búsqueda de consenso”.
Las asociaciones convocantes, por su parte, advierten que, si no se produce la retirada de los proyectos legislativos tras la huelga, “valorarán de forma conjunta la continuidad de las movilizaciones”.
