Los primeros en dar la voz de alarma fueron los vecinos del edificio de protección oficial situado en la calle Pascual Madoz 28-30 de Mataró (Barcelona, Catalunya). Más de una quincena de inquilinos tenían sus contratos a punto de finalizar, o directamente ya vencidos, pero el Ayuntamiento de Mataró se negaba a confirmar la renovación. En algunos casos, los Servicios Sociales les habían dicho explícitamente que tendrían que marcharse pronto, porque no se podría renovar el contrato.
En la mayoría de los casos, los vecinos habían intentado contactar varias veces con los responsables de PUMSA, la gestora de las viviendas del Ayuntamiento, pero no habían conseguido ninguna respuesta. Este conflicto se sumaba al malestar de los inquilinos ante la dejadez en el mantenimiento del bloque: graves humedades, problemas con el ascensor, falta de adaptaciones para personas con movilidad reducida, etc.
Por ello, las vecinas se han organizado con el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, a través de su sección local en Mataró. Después de que, a principios de marzo, se hiciera público el caso del bloque Pascual, hasta 4 bloques más han contactado con el Sindicat para denunciar exactamente el mismo problema: incertidumbre respecto a la renovación de los contratos y dejadez en el mantenimiento.
En primer lugar, se sumó el bloque de la calle València, en el barrio de Cerdanyola. Desde entonces, se han añadido los bloques de las calles Fragata, Jaume Comas y Teià. En conjunto, se habla de más de 200 vecinas afectadas por esta problemática. A la cuestión de la renovación de los contratos y el mantenimiento, hay que añadir también el malestar por lo que consideran una mala gestión en la adjudicación de las viviendas.
Los vecinos lamentan que a menudo haya pisos vacíos en los bloques, a pesar de la extrema gravedad de la crisis de vivienda en la ciudad, lo que a veces da pie a ocupaciones. Critican, además, que el Ayuntamiento desaloje a las familias que viven ocupando, aunque en la mayoría de los casos cumplen con los requisitos de vulnerabilidad social y a menudo han accedido a los pisos siendo víctimas de alguna estafa (las mafias ofrecen el piso ocupado como si fuera de alquiler). Consideran absurdo que el Ayuntamiento malgaste recursos para desalojar a vecinos que solo quieren firmar un contrato de alquiler protegido, al que también tienen derecho, y enfatizan que esta situación sencillamente no se produciría si la entrega de las viviendas fuera más rápida y eficiente.
Una primera victoria
Tras unos meses de ejercer presión mediática y sindical sobre el Ayuntamiento (incluyendo dos ruedas de prensa y una visita al pleno municipal), ahora los vecinos celebran con el Sindicato lo que consideran una primera victoria. Hace unos días, los inquilinos de los edificios de protección oficial han recibido una carta del Ayuntamiento en la que expresa su voluntad de prorrogar los contratos. PUMSA ha prometido la “revisión de los criterios de gestión de estas viviendas, con el objetivo de adaptarlos a la nueva realidad social, administrativa y jurídica”, para “garantizar una gestión más justa y ajustada a las necesidades actuales”.
Desde que el conflicto se hizo público, el Ayuntamiento aún no se había puesto en contacto con sus inquilinas, aunque sí había hecho algunas declaraciones en prensa, intentando desmentir el problema. Ahora, en cambio, en este mensaje sí reconocen que había un problema con la renovación de los contratos. El Sindicato y los vecinos celebran, por tanto, lo que parece una rectificación en la posición del consistorio, pero insisten en señalar tres reivindicaciones clave: además de la confirmación definitiva de la renovación de los contratos, exigen la regularización de los vecinos que viven ocupando y cumplen los requisitos, así como una revisión y mejora significativa del mantenimiento de los edificios.
Críticas de fondo a la vivienda pública
El conflicto con el Ayuntamiento de Mataró coincide con la polémica entre la sección local gerundense del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya y el Ayuntamiento de Girona, que ha ordenado el desalojo de los inquilinos de una de las viviendas municipales. Más allá de los casos concretos, desde el Sindicat señalan lo que consideran un problema de fondo. En palabras de Pilar Sánchez, portavoz de la organización:
“La administración pública es totalmente incapaz de gestionar la gravísima crisis de vivienda que estamos viviendo. Por eso, pretenden que nos peleemos por las migajas de un parque de vivienda pública minúsculo y de ínfima calidad, que sirve más de propaganda que de otra cosa. En lugar de ofrecer soluciones reales a la crisis de vivienda, prefieren desviar la atención hacia el orden de una lista de espera eterna, cuando a la mayoría de los que están apuntados nunca les llegará su turno”.
