La sentencia sobre los 21 encausados por la protesta ‘Rodea el Congreso’ de 2012 se ha hecho pública trece años después de los hechos y tras un proceso judicial que se ha prolongado durante meses. Tal y como habían informado fuentes como El País y Red Jurídica anteriormente, algunos de los acusados han sido absueltos y otros han recibido penas de prisión inferiores a un año, que podrán ser sustituidas por multas económicas, evitando así el ingreso en prisión. La Fiscalía llegó a solicitar penas que, en conjunto, sumaban 112 años de cárcel para el grupo, aunque finalmente la mayoría de las condenas han quedado muy por debajo de esas peticiones iniciales.
El caso se remonta a la concentración del 25 de septiembre de 2012 en la plaza de Neptuno (Madrid), donde miles de personas protestaron contra la corrupción y el bipartidismo bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La jornada terminó con 35 detenciones y decenas de heridos, en el marco de fuertes cargas policiales.
Durante el juicio, la defensa denunció irregularidades en el proceso, contradicciones en los atestados policiales y la falta de investigación sobre denuncias de abusos y malos tratos policiales, tanto en comisaría como durante las detenciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya condenó al Estado español en 2021 por no investigar adecuadamente las denuncias de violencia policial en esta protesta.
De los 21 acusados, seis pactaron con la Fiscalía penas de hasta 11 meses de prisión, sustituibles por multas de hasta 1.320 euros, reconociendo delitos de desórdenes públicos y, en algunos casos, atentado a la autoridad. El resto de acusados, que no aceptaron el acuerdo, también han visto rebajadas notablemente las penas solicitadas, y varias personas han sido absueltas, según informa Izquierda Castellana. Todas las defensas solicitaron la absolución total, alegando falta de pruebas y la existencia de dilaciones indebidas en el proceso.
La resolución judicial ha sido valorada como una victoria parcial por los colectivos de apoyo y por los propios acusados, que han destacado el papel de la movilización social y la presión pública durante estos trece años. Las organizaciones y abogados defensores han anunciado que estudiarán en detalle la sentencia para valorar posibles recursos y seguir denunciando la criminalización de la protesta en el Estado español.
