El tándem PNV-PSE/PSOE ha presentado en el Parlamento Vasco una propuesta para reformar el reglamento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), con el objetivo de reincorporar el artículo 2.2 del Decreto 173/2023, previamente anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras una demanda de Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK. Según denuncian estas organizaciones, la sentencia judicial de febrero de 2025 permitió durante cinco meses que las personas solicitantes de la RGI pudieran acceder a la prestación con el solo requisito del empadronamiento, sin necesidad de presentar un título legal de residencia.
La nueva iniciativa, impulsada por los grupos parlamentarios PNV y PSE-PSOE a través de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, busca restablecer la exigencia de un título legal para acreditar el domicilio, limitando así el acceso a la RGI a los colectivos más vulnerables. Según denuncian Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK, esta medida se ha incluido “de tapadillo” en la Disposición Adicional cuarta de la nueva ley, evitando así la tramitación ordinaria y la presentación de memorias económicas y de impacto social.
Miles de personas vulnerables fuera de la prestación
Las organizaciones sociales advierten que, de aprobarse la reforma, miles de personas en situación de exclusión social volverán a quedar fuera de la principal prestación social del Gobierno Vasco. Los colectivos señalan que, según los datos de Lanbide de los últimos cinco meses, no se ha producido ningún aumento de fraude ni de “inseguridad jurídica para los propietarios”, y denuncian que la reforma responde únicamente al interés del Ejecutivo autonómico por restringir el acceso a la protección social. Las fuentes consultadas subrayan que esta estrategia cuenta con el apoyo de PP y Vox, y alertan del riesgo de agravar la exclusión y la aporofobia en la sociedad vasca.
