El Tribunal Constitucional español ha dado luz verde a la ley de amnistía, pero con una interpretación que amplía su alcance más allá de lo previsto inicialmente. El fallo introduce la posibilidad de que no solo policías y guardias civiles, sino también otros funcionarios y particulares que actuaron contra el procés, puedan ser amnistiados. Esta ampliación podría beneficiar a Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y única imputada por el espionaje a líderes catalanes con el software Pegasus, según recoge eldiario.es.
La decisión del tribunal responde a lo que considera “una desigualdad en la ley”, que hasta ahora solo contemplaba la amnistía para quienes defendieron el procés, dejando fuera a funcionarios y civiles que actuaron en sentido contrario. El Constitucional considera que esta exclusión “no tiene justificación objetiva” y “contradice el objetivo de reconciliación política” que persigue la norma, por lo que insta a que se incluya a un espectro “más amplio de personas en el ámbito de la amnistía”.
Aunque la resolución no menciona de forma explícita a Paz Esteban, sí hace referencia a “otros empleados públicos”, lo que podría allanar el camino para que la exjefa del CNI, imputada en varias causas en Barcelona por espionaje a figuras políticas catalanas, solicite el amparo de la ley. Sin embargo, la aplicación de la amnistía en estos casos dependerá de la iniciativa de los jueces o de las partes implicadas en los procesos judiciales.
El Constitucional, además, ha validado el resto de la ley, rechazando los argumentos del Partido Popular sobre su inconstitucionalidad, aunque ha anulado el artículo que permitía amnistiar penas posteriores a noviembre de 2023.
Esta fórmula de amnistía, que puede beneficiar tanto a represaliados como a quienes participaron en la represión, recuerda a la lógica empleada en la ley de amnistía de 1977, que también equiparó a ambos lados bajo un mismo marco legal, añadiendo un marco legal de protección jurídica extra para el poder.