Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, declara este lunes ante el Tribunal Supremo como imputado en la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública, en el marco del denominado ‘caso Koldo’.
La comparecencia se produce tras la citación del magistrado Leopoldo Puente, quien instruye la causa a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa a Cerdán como uno de los principales implicados junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, según recuerda Europa Press.
El informe de la UCO, basado en audios grabados por Koldo García entre 2019 y 2023 y en mensajes de WhatsApp, sostiene que la presunta trama nació en 2015 en Nafarroa, con Cerdán y García como protagonistas, y que fue creciendo a medida que ambos y, posteriormente, Ábalos ganaron relevancia política de la mano del ascenso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y, posteriormente, a la Moncloa.
Según los agentes, Cerdán habría desempeñado diferentes roles en las supuestas tramas corruptas, gestionando pagos y, tras la caída de sus socios, retomando el control de la operación. La Guardia Civil señala que los contratos investigados fueron adjudicados a empresas como Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y cifra las “mordidas” de Acciona en 620.000 euros, aunque “se les adeudarían 450.000 euros”. Cerdán, según la UCO, habría afirmado: “Voy a ir a por todo”.
Uno de los puntos clave de la investigación es un contrato privado por el que Cerdán adquirió en 2016 el 45% de la empresa Servinabar, hallado en el registro domiciliario del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que Servinabar recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno navarro.
La defensa de Cerdán ha cuestionado la validez del contrato, calificándolo de “un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público” y que “no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno”. El Consejo General del Notariado, citado por Europa Press, ha recordado que estos contratos “surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros”, y advierte de que “pueden emplearse para ocultar la identidad del verdadero propietario”.
