El Sindicato Socialista de Vivienda de Donostia (Gipuzkoa) el pasado viernes una comparecencia para denunciar la situación de ocho familias refugiadas que viven en la ciudad. Van a ser expulsadas de sus casas, ya que el Gobierno español les comunicó el 19 de junio que eliminará las plazas de alojamiento para refugiados en Donostia, y esas ocho familias tendrán que abandonarlas. Entre ellas hay menores de edad y personas con graves problemas de salud.
La semana pasada, una de esas familias fue enviada a Galiza. Otras dos familias tuvieron que abandonar el jueves su vivienda en Donostia y el resto está siendo desalojado entre ayer y hoy, según el sindicato, “sin tiempo para buscar ninguna alternativa en la ciudad”. A tres familias se les ha propuesto trasladarse a viviendas que CEAR tiene en Areatza (Bizkaia), pero al resto no se les ha ofrecido ninguna garantía hasta el momento, a pesar de que el desalojo es inminente.
Graves problemas de salud y arraigo truncado
Entre estas personas en situación de total incertidumbre, “hay niños y adultos con graves problemas de salud”, ha denunciado el sindicato: “Según los informes médicos, deben ser atendidos en el Hospital de Donostia; por lo tanto, las opciones que se han puesto sobre la mesa no garantizan una atención sanitaria adecuada”.
Además, las familias han informado de que han dado pasos para establecerse en Donostia, por ejemplo, escolarizando a los niños en la ciudad o comenzando a trabajar allí, en el caso de los adultos. “Y, aun así, sin tener en cuenta sus necesidades, se les priva de la posibilidad de estabilizar su situación y de arraigarse en algún lugar”, ha criticado el Sindicato Socialista de Vivienda.
Instituciones públicas, facilitando desalojos y reforzando el negocio turístico
Para algunas de estas familias refugiadas, no es la primera vez que se ven obligadas a cambiar de residencia: “Más de una ya ha tenido que cambiar de vivienda anteriormente, y hoy en día, ni el Gobierno español ni el Gobierno Vasco han ofrecido a nadie una alternativa definitiva de vivienda”. El sindicato añade que, a partir de ahora, las habitaciones de pensión donde residen estas familias se destinarán al turismo, y pasarán a costar 108 euros la noche.
Junto a esto, el sindicato ha señalado la “falta de apoyo de las instituciones públicas”. Tras tomar como excusa la alternativa ofrecida por CEAR a algunas familias en Bizkaia, las instituciones no han hecho ningún movimiento para afrontar los “desalojos y traslados en Donostia”. “No han puesto ninguna propuesta real sobre la mesa. Mientras tanto, se financia el negocio turístico y, sin poner en cuestión los beneficios de propietarios y empresarios, se expulsa a las familias más vulnerables”, ha explicado el sindicato.
Hace una semana se celebró el Día Internacional de las Personas Refugiadas, y los miembros del sindicato también han denunciado la hipocresía mostrada por el PSOE, que lidera el Gobierno español: “El PSOE proclamó que la solidaridad debe ser acción y no solo palabras, y, mientras tanto, recortan los recursos destinados a las personas refugiadas”.
Solidaridad con las familias refugiadas
Subrayando que la situación es “inaceptable”, el sindicato ha exigido al Gobierno español y al Gobierno Vasco que “ofrezcan una alternativa habitacional de calidad y definitiva a todas las familias”. Ha precisado que hay más familias en “situación similar”, y ha hecho un llamamiento para que acudan al Sindicato Socialista de Vivienda. Así, ha llamado a “organizar la solidaridad con las familias refugiadas”.
