El pasado jueves 10 de julio, las seis sindicalistas del caso conocido como Las Seis de la Suiza ingresaron en la cárcel de Villabona (Asturies) para cumplir la condena de tres años y seis meses de prisión por “coacciones graves” y “obstrucción a la justicia”, según la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Supremo.
El caso tuvo su origen en 2015, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza de Xixón acudió a la CNT para negociar su despido tras denunciar acoso laboral y sexual contra una trabajadora embarazada, archivado por “falta de pruebas”. La sentencia condena que las sindicalistas organizaran 15 concentraciones frente al establecimiento, donde exigieron una indemnización y la retirada de una denuncia contra la pareja de la trabajadora. El tribunal consideró que estas acciones “supusieron una presión ilegítima que obligó al propietario a cerrar el negocio y mudarse de ciudad”, lo que derivó en una indemnización de 120.000 euros.
La familia propietaria de la pastelería, representada por Pablo Álvarez Meana, ha declarado a El País que, si el Gobierno español concede el indulto solicitado por 22 asociaciones sindicales y aparientemente apoyado por el Gobierno asturianu, lo recurrirán ante el Tribunal Supremo. “Haremos lo posible para que cumplan entera su condena, para mí no son sindicalistas: son delincuentes”, afirmaba Álvarez Meana.
Los abogados de los sindicalistas han solicitado el tercer grado penitenciario, petición que la familia también ha anunciado que recurrirá. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que trabaja para que la medida de gracia “se haga efectiva cuanto antes”.
El caso ha generado una amplia movilización social y sindical. Cientos de personas se manifestaron el jueves en Xixón para pedir la libertad de las condenadas, que según un portavoz de la CNT “están fuertes” y “pasan bien la noche”.
El sindicato sostiene que las concentraciones fueron pacíficas y que la pastelería ya estaba en venta antes del conflicto. La sentencia, sin embargo, recoge que el propietario sufrió “grave quebranto económico y psicológico” por la presión sindical.
