El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria lleva los desahucios sin fecha al Tribunal Constitucional
En junio desalojaron a dos familias sin previo aviso en Iruñea, y el sindicato ha presentado un recurso; es la primera vez que se judicializa un caso así desde la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda.
El Sindicato Socialista de la Vivienda de Euskal Herria ha llevado ante los tribunales los desahucios realizados sin fecha ni aviso previo. Esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en Iruñea (Nafarroa) para anunciar el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional español, en relación con dos desahucios ocurridos en esa ciudad el pasado junio. En ambos casos, las víctimas fueron expulsadas de sus viviendas sin aviso previo, lo que vulnera la legislación vigente. El sindicato ha denunciado que no se respetaron el derecho de defensa ni la seguridad jurídica de las personas desalojadas sin notificación.
Tras agotar todas las vías judiciales en los juzgados de Iruñea, el sindicato ha acudido al Tribunal Constitucional. Es la primera vez que se judicializa un caso de este tipo desde la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda en el Estado español. “El objetivo es evitar precedentes jurídicos peligrosos, para que este tipo de prácticas arbitrarias no se normalicen”, han explicado los miembros del sindicato. “Es necesario usar todas las vías posibles para que estas actuaciones no queden impunes. Aunque las posibilidades sean escasas, si el Tribunal Constitucional nos diera la razón, podríamos establecer un precedente que ayudaría a defender los derechos políticos de la clase trabajadora”. Por ello, han subrayado que el recurso no busca responder a un caso aislado, sino reforzar la lucha general por los derechos políticos de la clase trabajadora.
Los desahucios de Sadaha y Ana Belén en junio
En teoría, las autoridades deben fijar y comunicar con antelación la fecha de cada desalojo, pero eso no ocurrió en los casos de Iruñea. En ambos, la situación fue similar: primero se notificaron unas fechas de desalojo a las afectadas, pero el Sindicato Socialista de la Vivienda convocó movilizaciones para impedirlos, logrando suspender los dos desalojos. Posteriormente, sin previo aviso, las fuerzas policiales y el personal judicial se presentaron en ambas viviendas y expulsaron a las familias: a Ana Belén, el 11 de junio, y a Sadaha y su hijo, el 20 de junio.
Como prueba, el sindicato ha presentado el auto judicial del desahucio de Sadaha, en el que puede leerse la intención de las autoridades:
Los desahucios sin fecha ni notificación están prohibidos
Tal como ha destacado el sindicato en su comparecencia,
“Los desahucios con fecha abierta o sin notificación previa están prohibidos tanto por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 como por la Ley Estatal de Vivienda aprobada hace dos años, que modificó la primera para incluir explícitamente esa prohibición”.
Por lo tanto, los dos desalojos ocurridos en Iruña en junio fueron ilegales. Los miembros del sindicato han señalado que estas prácticas vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la defensa judicial, la protección de las personas vulnerables y la seguridad jurídica. Además, han advertido que provocan un grave daño emocional y social a las personas afectadas, “ya que no saben exactamente cuándo se quedarán sin casa”.
Por todo ello, han subrayado que este tipo de prácticas suponen un retroceso en los derechos políticos.
