Detienen a un niño de 16 años por filtrar datos de instituciones del Estado
Al mismo tiempo, no ha habido detenciones ni sanciones por las trece infiltraciones ilegales descubiertas desde 2022, que costaron en total más de 20 millones de euros públicos.
La Policía Nacional procedió el pasado miércoles a la detención de un menor de 16 años en la provincia de Granada, acusado de un presunto delito de revelación de secretos tras filtrar masivamente datos personales de miembros de instituciones estratégicas del Estado. Sin embargo, esta rápida actuación judicial y policial contrasta con la situación de las trece infiltraciones policiales descubiertas en movimientos sociales desde el año 2022, un entramado por el cual, hasta la fecha, ninguna persona ha sido detenida ni sancionada administrativamente.
La operación contra el niño, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, se activó mediante un dispositivo urgente de localización después de que se detectara la publicación masiva de datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según el Cuerpo Nacional de Policía, la difusión de esta información privada "generaba un riesgo inmediato para la seguridad e integridad de los afectados y de los propios organismos". Tras el arresto en Granada, los agentes registraron el domicilio del joven e intervinieron diverso material informático y tecnológico. Según informó este lunes el diario Ideal, el menor habría sido puesto en libertad, aunque la investigación continúa abierta con el objetivo declarado de "esclarecer la posible implicación de otras personas implicadas".
20.630.000 euros y 0 consecuencias
Paralelamente a esta resolución judicial, el Estado afronta críticas por la falta de explicaciones y responsabilidades penales o disciplinarias en torno a los trece casos documentados de infiltración policial solo en los últimos cuatro años. Según datos recopilados de forma independiente por la plataforma @/infiltraciones en la red social Instagram, estas operaciones encubiertas habrían supuesto un desembolso estimado de 20.630.000 euros procedentes de los fondos reservados. Este cálculo aproximado se basa en la extrapolación de los estándares del Reino Unido, donde cada agente infiltrado representa un coste anual de 290.000 euros.
Entre los casos señalados públicamente por este colectivo se encuentran casos como el de Marian Gómez Rubio, con una trayectoria de 35 años de infiltración y un coste estimado de más de diez millones de euros, o Sergio Gigirey Amado, con siete años de actividad calculada en dos millones de euros. El listado bajo sospecha incluye también a Belén Awad-Ratib Gómez, Álvaro Gaztelu Alcaire, María Isern Torres, Lucía Rodríguez de Ves, Ignacio José Enseñat Guerra y Daniel Hermoso PÉrez, todos ellos con periodos de actividad de entre tres y cinco años, así como a Neiva Marina Carmona Franco, Silvia María Rodríguez Hidalgo, Carlos Pérez Moreno y Ramón Muñoz Fernández, vinculados a operaciones de dos años de duración, y Mª Victoria Canillas, con un año de infiltración estimado.
A pesar del celo mostrado por la Policía en la protección de los datos de sus agentes frente a ataques cibernéticos, ni la Dirección General de la Policía ni el Ministerio del Interior han ofrecido hasta el momento ninguna información pública ni desglose económico relativo al coste real, los objetivos o la legalidad de los trece policías infiltrados que han sido descubiertos por los movimientos sociales.
