Ayuso busca despedir a los bomberos forestales que denuncian falta de recursos

En el marco de la ola de incendios forestales que ha afectado recientemente a la Comunidad de Madrid y a provincias adyacentes como Ávila, un colectivo integrado por 61 bomberos forestales públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha denunciado públicamente la imposibilidad de incorporarse a las tareas de extinción por la falta de activación e instrumental. Este escenario se produce en un contexto de elevada gravedad operativa que llevó al Gobierno a declarar la emergencia nacional en la región madrileña tras la solicitud cursada por el Ejecutivo autonómico presido por Isabel Díaz Ayuso.

Según han expuesto los propios profesionales mediante escritos presentados en registros oficiales y declaraciones difundidas en redes sociales, el pasado 16 de julio los efectivos solicitaron formalmente su activación para colaborar en la extinción del incendio declarado en el municipio de Almorox. La petición, que incluía la asignación de vehículos autobomba, camiones de transporte y herramientas de mano, se trasladó por vía telefónica al Centro de Coordinación Operativa de Bomberos y a la jefatura de la unidad, además de ser registrada ante la Dirección General de Emergencias. De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, la solicitud no fue atendida por los mandos correspondientes, situación que afirman que se reiteró en la jornada posterior.

Los operarios han detallado que acuden de forma diaria a la sede de la Dirección General de Emergencias en el municipio madrileño de Las Rozas, recinto designado como su centro de trabajo tras el cambio contractual formalizado en el año 2025, en contraste con las regulaciones anteriores a 2012 donde la jornada se iniciaba en los parques comarcales o torres de vigilancia. Los bomberos sostienen que completan sus turnos hasta las 22:00 horas en las dependencias administrativas sin ser desplegados en el terreno. Un portavoz del colectivo ha aclarado que el personal no se encuentra secundando una huelga sino que se halla “en conflicto” laboral, argumentando que su presencia en las instalaciones responde al cumplimiento del deber legal y constitucional.

Asimismo, los representantes de estos 61 efectivos señalan que la falta de dotación de vehículos y material contraviene la orden autonómica que establece el catálogo mínimo de recursos humanos y técnicos obligatorios para la época de alto riesgo de incendios. Por parte del Ejecutivo regional, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo Piris, y los responsables de la Dirección General de Emergencias han mantenido en previas comparecencias la postura de que la existencia de conflictos laborales o paros activos “dificulta el desarrollo de negociaciones bilaterales”. Hoy mismo, el gobierno de Ayuso, a través de la cuenta institucional de la Comunidad de Madrid en la red social X, ha publicado un comunicado en el que la administración regional informa de que estudiará “todas las vías administrativas y jurídicas contra la actuación de un reducido grupo de bomberos forestales”, al sostener que la conducta de este colectivo ha podido “comprometer la actuación de los dispositivos de emergencia”.