El Vaticano y la Iglesia española mantuvieron durante cuatro meses al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, en su cargo y en contacto con menores a pesar de conocer desde julio la investigación canónica por presuntos abusos a un niño en los años noventa. Según ha documentado El País, el caso llegó a Roma a comienzos de verano cuando la víctima envió una denuncia al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ordenó abrir una investigación al encontrar credibilidad en los hechos. Zornoza ha negado las acusaciones.

Sin embargo, ni el Vaticano ni la Conferencia Episcopal Española (CEE) aplicaron medidas cautelares para apartar al obispo de sus funciones, a pesar de que los canonistas consultados consideran que la gravedad del caso lo justificaba. El presidente de la CEE, Luis Argüello, declaró este lunes que la conferencia "no tiene autoridad jurídico-canónica sobre los obispos" y que "corresponde a la Santa Sede tomar esas decisiones". Argüello mostró su "dolor", pero defendió la "presunción de inocencia".

La arquidiócesis de Sevilla, encargada de instruir la investigación en julio, decidió remitir el caso al Tribunal de la Rota de la Nunciatura en el Estado español. Un portavoz vaticano explicó que las medidas cautelares "no siempre se hacen, no es automático, se valora caso por caso". La omisión contrasta con el reciente caso del jesuita José Antonio García Quintana, apartado en dos meses tras una denuncia similar en julio.

Zornoza, de 76 años, presentó su renuncia al cumplir los 75 como establecen las normas canónicas, pero el Vaticano mantuvo su prórroga pese a conocer la denuncia. El obispo ha anunciado ahora que suspende su agenda por "el tratamiento de un cáncer" y para "esclarecer los hechos", aunque nada le impide mantener contacto con menores. La víctima alega en su denuncia que Zornoza "usó el sacramento de la confesión para manipulación", lo que constituiría un "delito canónico grave" de acuerdo con el artículo 1385 del código canónico.