El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denuncia 32.000 euros en multas en menos de un año

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha comparecido públicamente este viernes, 22 de mayo, para denunciar la acumulación de hasta 32.000 euros en sanciones económicas en un periodo inferior a un año debido a su actividad en defensa del acceso universal a la vivienda. Los portavoces de la organización han advertido de que esta cuantía total podría incrementarse de manera notable durante los próximos meses, dado que todavía constan varios procedimientos administrativos sancionadores pendientes de resolución. Según ha manifestado, esta situación "responde a una estrategia represiva por parte del Estado que utiliza de forma sistemática la Ley Mordaza", un marco legislativo que critican que formaciones políticas como el PSOE sigan aplicando pese a sus promesas previas de derogación. Para el sindicato, el objetivo de estas medidas es "reprimir la protesta social legítima de la clase trabajadora en un contexto de profunda crisis habitacional y encarecimiento del coste de la vida".

El Sindicato ha pormenorizado el origen de las sanciones, vinculándolas directamente a tres escenarios concretos de movilización. Una parte sustancial de la cuantía procede de las acciones de resistencia organizadas frente a desahucios en Bizkaia. En este apartado, han recordado de manera específica el triple desahucio ejecutado el pasado mes de noviembre en Erandio, donde tres familias fueron expulsadas de sus hogares a causa de un préstamo fraudulento vinculado a una entidad prestamista relacionada con el Banco Santander, así como un caso de similares características en la localidad de Astrabudua que afectó a una mujer y a su hijo. Aquellas jornadas de protesta se saldaron con dos personas detenidas, una treintena de identificados por la Policía y miles de euros en sanciones penales y administrativas.

Asimismo, otra cuantía importante se deriva de una acción de protesta de diez minutos realizada en una sucursal de La Caixa, entidad con la que el sindicato mantiene un conflicto abierto desde hace año y medio en representación de cientos de inquilinos que denuncian cláusulas abusivas en sus contratos de arrendamiento. El Sindicato ha criticado el blindaje legal que reciben las corporaciones bancarias frente a actos pacíficos de reparto de octavillas, que en ese caso supusieron la identificación de más de veinte personas. Por último, la organización ha sumado a la cuantía global la multa de 1.800 euros impuesta por el Ayuntamiento de Iruñea durante los Sanfermines de 2025, cuando dos de sus miembros y una periodista fueron sancionados por interpretar una jota de carácter reivindicativo que criticaba dos desahucios sin fecha ejecutados semanas antes en la capital navarra.

Campaña de solidaridad y veto en Gasteiz

Con el objetivo de hacer frente a los severos costes económicos de estos expedientes, el Sindicato Socialista de Vivienda ha anunciado la puesta en marcha inmediata de una campaña de solidaridad de clase y recaudación de fondos a nivel regional. Esta iniciativa contempla la venta de boletos para una rifa y la distribución de dos nuevos modelos de camisetas diseñados por artistas locales, además de la apertura de una cuenta corriente específica para canalizar transferencias y donaciones voluntarias de los ciudadanos. De manera complementaria a esta campaña, la comparecencia de este viernes ha servido para hacer público el malestar de la organización ante el veto político que les impide acceder al espacio de las txosnas en las fiestas de Gasteiz. Desde el sindicato se ha calificado esta exclusión como "un acto de sectarismo político por parte de la Izquierda Abertzale", cuestionando que se prive de una vía de financiación fundamental a una estructura que lucha contra los desahucios y ofrece asesoramiento y acompañamiento gratuito a miles de personas afectadas por la problemática de la vivienda a lo largo de todo el año.