La Asamblea Nacional francesa decidió ayer pausar, de momento, la reforma de las pensiones aprobada en 2023. Esta es la principal concesión hecha por el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, para mantener su mandato: detener la reforma ha sido la condición indispensable establecida por el Partido Socialista (PS) para apoyar a Lecornu. El primer ministro había declarado el mes pasado, nada más tomar posesión, que retrasaría la reforma de las pensiones "hasta las elecciones presidenciales"; es decir, como mínimo hasta enero de 2028.

Este miércoles se tomó por mayoría la decisión de paralizar la reforma: votaron a favor el PS, Los Verdes y el Rassemblement National (RN), y en contra La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF); estos últimos ya habían advertido que la medida no es un bloqueo total de la reforma, sino solo una pausa parcial. Renaissance se abstuvo. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional rechazó una iniciativa para congelar las pensiones y las prestaciones sociales mínimas.

Cuando en octubre anunció que retrasaría la reforma de las pensiones, Lecornu subrayó que pausar la medida tendría "un coste de 400 millones de euros en 2027" y que "afectaría a 3,5 millones de franceses". La reforma de pensiones se aprobó en 2023, retrasando, entre otras cosas, la edad de jubilación de 62 a 64 años, y se convirtió en uno de los asuntos más controvertidos de la presidencia de Emmanuel Macron: hubo movilizaciones masivas contra la reforma durante meses.

Se impuso la medida sin pasar por la Asamblea Nacional, gracias al artículo 49.3, tensando aún más la inestabilidad parlamentaria. Dos años después, la inestabilidad institucional persiste, y prueba de ello es el continuo cambio de primer ministro o la necesidad de dar marcha atrás en la polémica e impopular reforma de Macron.