Quieren desahuciar a 111 personas el 4 de diciembre en Donostia
Varios colectivos han denunciado la amenaza de desalojo sin alternativa en la antigua escuela de Martutene; denuncian la criminalización, el acoso policial y llaman a una movilización.
En la antigua escuela de los Agustinos de Martutene (Donostia, Gipuzkoa), varios colectivos realizaron este viernes una comparecencia para denunciar que el 4 de diciembre quieren desahuciar a las 111 personas que viven actualmente en ese edificio y exigir alternativas de vivienda para ellas: “El desalojo estaba previsto para febrero de 2026, pero de repente, de un día para otro, lo han adelantado”. Donostiako Harrera Sarea, Martuko Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Amara Berri Ehuntzen, el Sindicato Socialista de Vivienda de Donostia, Saretxe, la Asociación Vecinal Herripe y Guztiontzako Egia han unido fuerzas para denunciarlo. “A estas personas se les ha dejado menos de un mes para encontrar otro lugar donde dormir, y la situación se agrava aún más teniendo en cuenta que llega el invierno”, han advertido.
Donostiako Harrera Sarea ha informado de que la semana pasada verificó que en el edificio viven 111 personas. “Muchas llevan meses allí, y algunas más de dos años”, han explicado: “Todas estas personas forman parte del grupo de quienes deben sobrevivir hoy en día en Donostia en situación de calle. Lejos de ser un caso aislado, actualmente más de 500 personas viven en estas condiciones”.
Criminalización y responsabilidad de las instituciones públicas
Los colectivos mencionados han denunciado enérgicamente la criminalización sufrida por quienes viven en la escuela de los Agustinos: “Durante mucho tiempo, los medios de comunicación, las redes sociales y muchos debates públicos han presentado la escuela de Martutene como una zona problemática para la seguridad. Han criminalizado a quienes viven allí y la han señalado como un lugar que debe vaciarse cuanto antes. Se señala continuamente a las personas migrantes y, de este modo, se desvía el foco mediático de los problemas reales y de sus responsables”.
Consideran que la responsabilidad de las instituciones públicas es “clara”: “El Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco saben desde hace tiempo, al menos desde junio de 2024, que estas personas se quedarían en la calle, y no han hecho nada para prever la situación; no han presentado ningún plan de contingencia. Al contrario, han cedido a la presión de los sectores más reaccionarios, y en vez de destinar recursos para evitar que terminen en la calle, han decidido expulsarlas por la fuerza. En lugar de apostar por los servicios sociales y los derechos humanos, han recurrido a la Policía, dejando sin protección a quienes viven en la escuela”. Añaden, además, que “el desahucio no es un problema de falta de recursos” y que “son las propias instituciones quienes perpetúan el problema de la vivienda”.
“También en Donostia el racismo va en aumento”
Quienes han participado en la comparecencia han expresado su preocupación por el aumento del racismo en Donostia, y consideran prueba de ello “el nivel de odio y deshumanización que sufren los jóvenes migrantes magrebíes” en la ciudad. Creen que ese discurso racista “se ha construido sin hablar con los propios jóvenes; sin preguntarles jamás por qué viven en la escuela, qué situaciones les han llevado a ello o qué alternativas reales tienen”.
Ley de Extranjería, Policía e imposibilidades
“Si viven en la escuela de Martutene es, ante todo, porque al llegar aquí se encuentran con los obstáculos que les impone la Ley de Extranjería”, señalaron en la comparecencia. Y profundizaron: “Esa ley les obliga a vivir en situación irregular durante al menos dos años; quedan sin condiciones básicas de vida garantizadas, sin acceso a vivienda, sin permiso de trabajo y sin ingresos”. Han concretado que, en esa situación, “la única opción que se ofrece” en Donostia es “pasar cinco noches en un albergue cada tres meses”, y “a partir de ahí, la calle es la única alternativa”.
Aun así, denuncian que las fuerzas policiales les acosan constantemente: “Les expulsan sistemáticamente de los parques, portales, bajos de edificios y, en general, de cualquier lugar donde intenten dormir en las calles de Donostia, mientras el albergue municipal de La Sirena (con 100 plazas) permanece vacío”. Por todo ello, “la escuela de Martutene es uno de los pocos refugios que tienen en Donostia las más de 500 personas que viven en situación de calle”.
Han denunciado también la intervención policial “con la complicidad del Ayuntamiento”, alertando del riesgo de que las fuerzas policiales emitan “órdenes de expulsión, requisar documentación y, finalmente, iniciar trámites que puedan derivar en la expulsión del país”.
Vivienda de calidad para todas las personas
En la rueda de prensa han respondido a los estereotipos falsos creados dentro de la campaña de criminalización: “Nadie debería vivir en ese edificio, pero aun así viven allí, han limpiado los espacios, organizado rincones y, con sus medios, han creado lugares más dignos, intentando convertirlos en su hogar”. Han denunciado que el desalojo masivo previsto para el 4 de diciembre “solo empeorará sus condiciones de vida”, y han reclamado que nadie debería vivir en la calle y que es imprescindible “garantizar vivienda de calidad para todas las personas”.
Contra el desalojo, han organizado una movilización conjunta para el 4 de diciembre: saldrá a las 19:00 horas desde los juzgados de Egia, bajo el lema Inor ez kale egoeran! (¡Nadie en situación de calle!).
